El gobierno de Grecia ha subido los mínimos requeridos para obtener el llamado visado de oro, el permiso de residencia a ciudadanos no europeos a cambio de una inversión en bienes inmobiliarios, en un intento por aliviar la crisis de viviendas que vive el país.
El monto exigido, que, dependiendo de la zona en la que se encuentra el inmueble, era de entre 250.000 y 500.000 euros, ha sido elevado hasta una horquilla de entre 400.000 y 800.000 euros, informó este lunes el portal ecopress.gr.
Las subidas entraron en vigor el pasado domingo.
Los inmuebles en la región capitalina de Ática y en los alrededores de Atenas, así como en el centro de Salónica (segunda urbe de Grecia) y en todas las islas con más de 3.100 habitantes, incluidas las islas de Mykonos y Santorini, son los que requieren una inversión mínima de 800.000 euros. Para el resto del país el umbral se fijó en 400.000 euros.
Además, se introduce la exigencia de que la superficie de la propiedad adquirida por los inversores extracomunitarios sea de al menos 120 metros cuadrados, al tiempo que se prohíbe su alquiler a corto plazo en plataformas como Airbnb.
Solo si la inversión está vinculada a la restauración de edificios históricos o a la conversión de instalaciones industriales en viviendas el límite permanece en 250.000 euros.
El objetivo de estos cambios en la política es «garantizar viviendas asequibles y de calidad para todos los ciudadanos» y al mismo tiempo continuar con las inversiones pero «en condiciones más equilibradas», explicó el ministro de Finanzas, Kostis Jatzidakis, al anunciar los ajustes en un comunicado.
El programa, que ha atraído a miles de inversores, en su mayoría ciudadanos chinos, ha incrementado la falta de viviendas para arrendamiento a largo plazo y ha disparado los precios de los inmuebles en ciertas zonas de las grandes urbes y en las islas más turísticas.
Pese a ello, para el presidente de la asociación de agentes inmobiliarios de Atenas, Lefteris Potamianos, el endurecimiento de las exigencias para los inversores extranjeros es una medida contraproducente.
En declaraciones a EFE, Potamianos vaticinó este lunes que en lugar de paliar la crisis inmobiliaria, esta se agravará aún más, porque «disminuirá considerablemente» el volumen de negocios en el sector inmobiliario.
Considera que además contribuirá a la disminución de las viviendas disponibles para arrendamientos a largo plazo, ya que la mayoría de los inmuebles obtenidos mediante el programa de los ‘visados de oro’ (Golden Visa) se disponían para este propósito.
El año pasado se registró una demanda récord de 10.214 solicitudes para adquisiciones o renovaciones del ‘visado de oro’, según datos del ministerio de Migración.
En todo 2023 se concedieron 5.701 permisos, mientras que la inversión total se situó en torno a los 1.000 millones de euros.
Actualmente hay 8.800 solicitudes pendientes de trámite.
Según datos del Banco de Grecia, los alquileres han aumentado un 20 % desde 2018, el año en el que el país salió oficialmente de una crisis financiera de casi una década.