Venezuela acusó el martes al gobierno de Estados Unidos de proteger y amparar a autores de actos de terrorismo e intervencionismo, luego de que Estados Unidos manifestó estar profundamente preocupado por la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel, aprehendida el pasado viernes por estar «presuntamente involucrada» en una trama conspirativa.
«Hoy el gobierno de Estados Unidos sale a proteger y amparar a los terroristas, quienes han confesado sus crímenes y las órdenes que recibían para dañar a nuestro pueblo. Son cómplices de los autores intelectuales y materiales de los actos de terrorismo e intervencionismo sobre Venezuela», afirmó el canciller venezolano, Yván Gil, en un mensaje en su cuenta en X.
El ministro de Exteriores reiteró que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos «han estado conspirando desde Miami y Colombia, junto a opositores de la extrema derecha venezolana, para asesinar al presidente Nicolás Maduro» y a otros funcionarios del gobierno, tal como denunció la Fiscalía venezolana a finales de enero.
Estados Unidos afirmó este martes que está «profundamente preocupado» por la detención de la activista Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, y pidió al gobierno de Maduro a cumplir con los acuerdos para mejorar la democracia en el país.
Preguntado por EFE, uno de los portavoces de la Casa Blanca, John Kirby, indicó que el Ejecutivo estadounidense está siguiendo de cerca el caso de San Miguel, quien fue detenida por las fuerzas de seguridad venezolanas el viernes pasado cuando intentaba embarcar un vuelo junto a su hija en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.
Este lunes, el fiscal general, Tarek William Saab, denunció una «feroz campaña» internacional en contra del sistema de Justicia del país tras la detención de San Miguel y de cinco de sus allegados y familiares, a quienes vinculan con la trama conspirativa ‘brazalete blanco’, cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del jefe de Estado y el asalto a unidades militares.
En las últimas horas, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, así como cientos de ONG locales, manifestaron su preocupación por la detención de San Miguel y han solicitado al Estado venezolano el respeto a sus derechos.