La Fiscalía peruana citó para el 31 de mayo a la presidenta Dina Boluarte para interrogarla por su presunta responsabilidad en la represión de las protestas que siguieron a la destitución de su antecesor, el encarcelado expresidente Pedro Castillo, que dejaron más de 50 muertos.
«Expresamos nuestra vocación de colaboración para cerrar este capítulo que no tiene sentido», dijo el miércoles su abogado Joseph Campos a la prensa tras confirmar la citación.
La mandataria acudirá a declarar en la investigación por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves» en su contra y de funcionarios de su gobierno. En marzo la interrogaron por primera vez.
El caso se abrió en enero por las muertes de ciudadanos durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
La Fiscalía intenta determinar la responsabilidad de Boluarte en la represión de las manifestaciones antigubernamentales, específicamente en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
No obstante, en caso de una acusación la presidenta no podrá ser sometida a juicio hasta 2026, cuando culmine su mandato, como establece la Constitución.
Boluarte y las protestas
En las protestas murieron 54 personas, incluidos 6 soldados que perecieron ahogados en un río cuando intentaban huir de campesinos que los atacaron con piedras en Puno, epicentro de las protestas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció en mayo la eventual ejecución y masacre de manifestantes durante la represión.
La Organización de Estados Americanos señaló en un informe a los agentes del Estado por su presunta responsabilidad en múltiples muertes de civiles. Y pide a la justicia peruana «investigar, juzgar y sancionar» a los responsables.
Las víctimas recibieron «impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones, en la parte superior del cuerpo», recalcó la CIDH.
Seis presidentes en cinco años
Boluarte cumplirá el 7 de junio seis meses en el poder, tras sustituir en su calidad de vicepresidenta a Castillo, a quien detuvieron por el delito de rebelión tras ser cesado por el Congreso el 7 de diciembre luego de un fallido autogolpe de Estado.
Maestro rural y líder gremial, Castillo, de 53 años de edad, cumple prisión preventiva en una minicárcel para exmandatarios en el cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, en Lima.
Su caída desató las violentas movilizaciones que exigían la renuncia del gobierno, cierre del Congreso y adelanto de elecciones a 2023.
Boluarte es la sexta persona en ocupar la presidencia en cinco años y la primera mujer en gobernar Perú, país en permanente crisis política salpicada de denuncias de corrupción.