La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó este miércoles una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra. También contra su exministra de salud Pilar Mazzetti. Ello por el escándalo de vacunaciones irregulares de covid-19 a un grupo de altos funcionarios y a sus familiares.
«La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo y la exministra de Salud Pilar Mazzetti Soler como presuntos autores del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión». Así lo informó el Ministerio Público peruano en sus redes sociales.
Agregó que la denuncia corresponde «a la irregular vacunación de funcionarios del Estado». Es un caso conocido en ese país como «Vacunagate«.
Martín Vizcarra
En octubre de 2020, cuando aún era presidente, Vizcarra recibió dos dosis de la vacuna de la farmacéutica estatal china Sinopharm como parte de un lote exclusivo de vacunas llegado para inmunizar al personal directamente vinculado a un ensayo clínico de esta vacuna en el país.
Sin embargo, esa limitada partida fue aprovechada para vacunar a más de cien altas autoridades y a contactos cercanos que incluyeron a sus familias enteras.
«Vacunagate»
Estas vacunaciones en secreto se dieron meses antes de que la población pudiese acceder a las vacunas. Pues no fue hasta el 6 de enero que el gobierno peruano cerró un acuerdo para que Sinopharm fuese el principal proveedor de vacunas contra el covid-19 de Perú con 38 millones de dosis.
En marzo último, el Congreso peruano aprobó un informe final que recomendaba acusar constitucionalmente a Vizcarra por presuntas irregularidades en la adquisición de 1,4 millones de pruebas rápidas de covid-19 durante la pandemia.
Vizcarra reemplazó en marzo de 2018 en la Presidencia peruana a Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). Y durante su gestión mantuvo una dura pugna con el Congreso dominado por el fujimorismo, que terminó disolviendo el 30 de septiembre de 2019.
Sin embargo, el 10 de noviembre de 2020 lo destituyeron por «incapacidad moral» por el Parlamento siguiente, que también lo inhabilitó para ejercer cualquier cargo público durante 10 años por el caso del «Vacunagate». Por eso, no pudo asumir su cargo de congresista por el que fue electo con la mayor votación nacional en los comicios de 2021.