La acusación contra la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, detenida hace más de dos meses en una cárcel en La Paz por el caso denominado «golpe de Estado», se ha ampliado con dos nuevos delitos.
La Fiscalía asumió esa determinación por el pedido de «ampliación de la investigación» que le hizo la Procuraduría General del Estado de incorporar las figuras de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. Así lo declaró a los medios el fiscal general del país, Juan Lanchipa.
Este proceso es con motivo de la denuncia que la exdiputada del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) Lidya Patty presentó en noviembre pasado. Esto por los supuestos delitos de sedición, terrorismo y conspiración. Supuestamente se cometieron durante la crisis política y social que afrontó el país a finales de 2019.
A partir de ello se abrió una investigación en el llamado caso «golpe de Estado» para establecer responsabilidades de las protestas sociales que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Y que en el MAS consideran que fueron provocadas, y que se produjo tras las denuncias de fraude en los comicios de ese año.
Otros denunciados en el caso de Jeanine Áñez
Entre los principales denunciados en ese caso están el exlíder cívico y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, su padre José Luis Camacho, exjefes militares y policiales aunque luego la denuncia se amplió a Áñez y a varios de sus exministros, como los de Justicia y Energías, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, respectivamente.
A raíz de ese caso, Áñez, Coímbra, Guzmán y algunos militares permanecen en detención preventiva en cárceles de La Paz.
La acusación se basa en delitos supuestamente cometidos por Áñez y algunos de sus colaboradores. Esto antes de que asumiera la Presidencia del país de forma interina. Por ello, el caso se lleva en la justicia ordinaria y no en un juicio de responsabilidades previsto para exmandatarios.
Además, el Ministerio de Justicia planteó cuatro proposiciones acusatorias contra la exjefa de Estado por acciones que asumió durante su gobierno. Estos podrían derivar en juicios de responsabilidades ante el Parlamento.
Sobre estos juicios, Lanchipa dijo que se está tramitando «una ampliación de plazo para la presentación de requerimiento conclusivo». Debe entregarse al Legislativo tras varias de las gestiones realizadas.
El pasado martes, la expresidenta interina emitió un comunicado en sus redes sociales en el que consideró que durante el tiempo que lleva detenida «no han presentado una sola prueba» que la vincule «a los delitos acusados de conspiración, sedición y terrorismo», y se declaró «presa política».
En los días posteriores a su detención, Bolivia atravesó un clima de polarización en el que hubo manifestaciones en defensa de Áñez que denunciaron una supuesta manipulación judicial del gobierno y otras que señalaban que su encarcelamiento fue un acto de justicia por las muertes de civiles en 2019.