El fiscal supremo encargado de sostener la investigación contra Keiko Fujimori ante la Corte Suprema de Perú, sorprendió este miércoles al solicitar al alto tribunal que acepte liberarla, tal como pide la defensa de la líder opositora y frente al criterio del Ministerio Público.
La repentina posición del fiscal supremo Víctor Rodríguez contrasta con la manifestada y defendida por los fiscales del equipo especial Lava Jato, que llevan la principal acusación contra Fujimori por la presunta comisión de delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht en Perú, y quienes defienden la prisión preventiva de 36 meses que cumple la investigada.
Rodríguez solicitó ante la Corte Suprema, dos días antes de que la Sala vea la casación presentada por la defensa, que se declare fundado el recurso de la líder de Fuerza Popular, y que se anule así la orden de prisión preventiva que pesa sobre ella desde el 31 de octubre de 2018.
La legislación peruana establece que los casos ante la Corte Suprema deben ser sostenidos por un fiscal supremo, cargo que tiene Rodríguez, superior jerárquico de Rafael Vela y José Domingo Pérez, fiscales que dirigen el caso contra Fujimori y que no están habilitados para presentarse ante esa Sala.
No obstante, el fiscal supremo ha sido vinculado con la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, acusados de haber negociado prebendas y favores al interior de la Judicatura peruana, y que entre otros casos involucró a políticos, empresarios, fiscales y jueces, algunos de ellos vinculados a Fuerza Popular.
Fuentes del Equipo Especial que investiga el Caso Lava Jato, citados por el diario El Comercio, lamentaron el pronunciamiento de Rodríguez y consideraron que se trata de una obstrucción procesal en toda su dimensión.
Cuando se supo que Rodríguez sería el encargado de defender el caso, en junio pasado, Vela pidió que se inhibiera por una cuestión de transparencia, lo que finalmente no hizo.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú será la encargada, el próximo 5 de julio, de analizar recurso de casación de Fujimori, así como de otras personalidades de su círculo político cercano.
El caso Odebrecht investiga los millonarios sobornos que la compañía brasileña reconoció a la Justicia estadounidense haber pagado en una docena de países de Latinoamérica, entre ellos Perú, a cambio de grandes contratos en obra pública.
La empresa hizo en Perú donaciones irregulares a las campañas electorales de los principales candidatos a la Presidencia, a cambio de beneficios y promesas de contratos públicos, según la investigación fiscal.
Por ese motivo están imputados los ex presidentes Ollanta Humala (2011-2016), quien ya pasó nueve meses en prisión preventiva, y Alejandro Toledo (2001-2006), cuya extradición ha sido pedida a Estados Unidos.
Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) cumple 36 meses de arresto domiciliario. Alan García (2006-2011) se suicidó en abril pasado cuando iba a ser detenido por ese motivo.
A la ex alcaldesa izquierdista de Lima Susana Villarán se le dictó 24 meses de cárcel mientras es investigada.