Corte Penal Internacional
En la Oficina de la Fiscalía (OTP) reposa la documentación de innumerables casos de violaciones graves de derechos humanos, constitutivas de crímenes de lesa humanidad

Hace una semana, el presidente estadounidense Donald Trump anunció fuertes sanciones individuales y económicas contra la Corte Penal Internacional (CPI) si esta continúa investigando posibles violaciones a los derechos humanos de sus soldados en Afganistán.

En entrevista exclusiva para el Grupo de Diarios América (GDA), y la primera que concede desde que estalló el escándalo, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, dice que lo de Trump es un esfuerzo inaceptable por interferir e influir en las investigaciones de la Corte. Si bien advierte que no se dejarán amedrentar, les gustaría que Estados Unidos recapacite.

La Fiscal también habló sobre Venezuela y le anticipó a nuestro grupo de medios que el examen del caso contra el presidente Nicolás Maduro se encuentra en su etapa final y habrá una decisión en los próximos meses.

Bensouda habló asimismo sobre Colombia, las sentencias contra guerrilleros y militares en el marco del proceso de paz, y las ejecuciones extrajudiciales.

—La semana pasada el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que prevé cancelación de visas y otras sanciones contra el personal de la Corte en caso de seguir investigando la actuación de tropas estadounidenses en Afganistán. ¿Cómo recibieron esa noticia?

—Es profundamente lamentable. Sucedió y la Corte reaccionó con un comunicado respondiendo a esta amenaza contra la CPI y sus funcionarios. Quiero reiterar lo que dijimos: que la CPI se para firme con sus funcionarios y que permaneceremos inquebrantables en el compromiso de aplicar el mandato que nos confiere el Estatuto de Roma y los Estados que son parte. Este ataque constituye una escalamiento y un intento inaceptable de interferir con la aplicación de la ley y los procedimientos judiciales de la Corte. Que fueron anunciados con el fin declarado de influir las acciones de los oficiales de la CPI en el contexto de una investigación independiente y objetiva y procedimientos judiciales imparciales.

—La Corte se beneficia con la membresía de 123 países de todas partes del mundo, incluidos Latinoamérica y el Caribe, y hemos recibido gran respaldo de ellos ante este nuevo desarrollo. Nos debemos a nosotros mismos y a las futuras generaciones estimular a la CPI para que pueda continuar con su trabajo crucial de lucha contra la impunidad y fomentar el sistema del Estatuto de Roma para la justicia criminal internacional. Los beneficiarios de la Corte no son un solo una región sino la humanidad como un todo y debemos defenderla en su lucha por acabar con la impunidad frente a los crímenes más serios.

—Estados Unidos no es parte de la Corte ni reconoce el Estatuto de Roma. Su argumento es que la Corte no tiene jurisdicción y que por lo tanto no pueden investigar a sus ciudadanos. ¿Qué dicen ustedes a eso?

—Quisiera aclarar que Afganistán es un país miembro del Estatuto de Roma y por lo tanto la Corte tiene jurisdicción para investigar y enjuiciar cualquier crimen de guerra o crímenes contra la humanidad que ocurran en este territorio, así el que los haya cometido sea el Estado o un tercero. Esa es una pregunta crucial, y la gente debe entenderlo. Bajo el Estatuto de Roma mi oficina puede investigar y enjuiciar solo cuando las cortes nacionales no han podido o no han querido hacerlo. La jurisdicción de la CPI complementa la nacional.  Si las cortes de Estados Unidos están ejerciendo jurisdicción para investigar casos que han sido identificados por mi oficina, y si esos procedimientos son genuinos, entonces no podríamos intervenir ni enjuiciar a ciudadanos de Estados Unidos. Ejercitamos nuestra jurisdicción siempre en conformidad con principios de ley internacional que están bien establecidos, entre ellos responsabilidad criminal individual, nacionalidad y territorialidad.

—Estados Unidos no es miembro pero Afganistán sí lo es, y si los crímenes se cometieron en su territorio entonces tenemos jurisdicción. Las autoridades en Afganistán todavía pueden retener la responsabilidad primaria para investigar y enjuiciar a los que son supuestamente responsables. Si no, entonces la CPI intervendría.

—¿Y cree usted que no están investigando y por eso intervienen?

—Durante la fase del examen preliminar de una situación lo que se hace es realizar esa valoración, es decir si se cometieron esos crímenes en un país bajo la jurisdicción de la CPI. Pero también miramos el tema de la admisibilidad para determinar si aquellos que deben investigar no lo están haciendo y si no lo hacen entonces entramos. Cuando fui ante los jueces de la CPI para requerir autorizaron para abrir una investigación indiqué que de momento la valoración y la información que tenemos es que estos crímenes que hemos identificado no están siendo investigados ni enjuiciados. Por supuesto ellos pueden apelar la decisión de la CPI y mostrar que sí lo están.

—¿Existen antecedentes similares donde la Corte terminó investigando a terceros que no eran parte de la CPI?

—En el 2018 pedí que se nos autorizara investigar crímenes en Georgia que es parte de la CPI. En esa situación también la investigación era para mirar a todas las partes en el conflicto de Georgia y eso incluía a Rusia. Lo de Afganistán no es la primera vez que miramos a la conducta de otros actores no que son parte de la CPI pero que actuaron en un país que si lo es.

La orden de Trump es muy seria porque amenaza con sanciones económicas no solo al personal de la Corte sino a quienes colaboren con ella. ¿Cómo piensan manejar esta situación?

—La intención con esto es prevenir que la CPI haga su investigación e influir en ella. Estas  amenazas que hemos recibido y la remoción de visas entre otras medidas las vemos como un desnudo esfuerzo para interferir con la independencia de la Corte. Y lo lamentamos especialmente por la larga contribución de Estados Unidos en la justicia por los derechos humanos a nivel mundial. Y nuestra esperanza es que la administración reconsidere.

—La CPI es una institución judicial que hace un trabajo legítimo y actuamos bajo un mandato legal. Se hace sin pasiones y de manera responsable. No podemos ni vamos a permitir que se trate de influir nuestro trabajo y lo continuaremos haciendo. Es un mandato de los países que son miembros. Y lo que hacemos es llevar justicia a los que han sido víctimas de crímenes atroces y no tiene otro camino para acceder a esa justicia. Y esto es claro en la situación de Afganistán. Seguiremos trabajando de manera objetiva e independiente. Frente a el tema de las sanciones hemos conformado un grupo de trabajo para que revisarlas y determinar su alcance y lo que implica para nosotros y para nuestros socios.

—Debo recalcar que lo que llamamos el proceso del artículo 18 bajo el Estatuto de Roma es continuo. De manera más específica, Afganistán ha solicitado recientemente a nuestra oficina que se difiera la investigación que ellos realizan. Mi oficina está evaluando la información proporcionada por las autoridades de Afganistán como corresponde a nuestras obligaciones bajo el Estatuto. Ese proceso se tomará el tiempo requerido para que mi oficina pueda llegar a una valoración.

¿Cree usted que los ataques de Trump contra ustedes o contra la Organización Mundial de la Salud tiene un aspecto político dado que estamos muy cerca de las elecciones presidenciales en Estados Unidos?

—No es mi lugar comentar sobre esos desarrollos ni interpretar que hay detrás. Solo comentar sobre los hechos.

—¿Piensan ustedes que la financiación de la Corte se puede ver afectada si prosperan las amenazas de Trump?

—Queremos entender qué hace la orden ejecutiva de manera precisa y nuestros socios y los países miembros están mirando esto con cuidado. Pero quiero que mire las reacciones de los países miembros. Todos han condenado la movida y respaldado a la Corte y eso es importante para nosotros. Lo que se alega contra nosotros es infundado, y preguntamos por qué esta actitud y quién gana con esto, pero al mismo tiempo no pensamos ni permitiremos que estas sanciones descarrilen el trabajo que hacemos en favor de las víctimas.

Hablemos de Venezuela. Muchas organizaciones, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas y Human Rights Watch han documentado graves crímenes en este país perpetrados por el gobierno de Nicolás Maduro. Van a ser dos años desde que un grupo de países, entre ellos Colombia, les pidió abrir un proceso contra el líder de este país. Pero ustedes siguen sin pronunciarse al respecto. ¿Por qué tardan tanto tiempo frente a algo que parece tan evidente?

—Mi oficina se ha tomado el trabajo sobre Venezuela muy en serio y, si se acuerda, mi oficina inició un examen preliminar de la situación en febrero del 2018. No hemos estado ignorando la situación y hemos revisado una gran cantidad de información. Por el contrario le puedo decir que hemos avanzado de manera significativa en nuestra valoración sobre si los crímenes que se alegan sucedieron en Venezuela equivalen a crímenes de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma. Son muchísimos documentos y tuvimos que hacer muchas traducciones. Y le puedo decir ahora que espero finalizar la valoración sobre este tema en los próximos meses. Si nuestra valoración sobre la competencia material concluye de manera positiva entonces tomaremos el siguiente paso del examen preliminar que requiere evaluar la admisibilidad. Hemos demostrado que no nos dedicamos a la política, aplicamos la ley y la seguimos a donde nos conduzca. Y hemos sido consistentes en ese sentido.

¿Quiere decir que tendremos una decisión antes de que finalice este año?

—No me gusta hablar de cronogramas y fechas por que a veces pasan cosas que los alteran y hacen imposible mantener promesas y eso no me gusta. Pero le digo que hemos avanzado de manera significativa, ya casi terminamos con la valoración y pasaremos de inmediato al tema de la admisibilidad. Es en los próximos meses. Eso le puedo anticipar pero no puedo darle una fecha precisa.

En Colombia, como parte del proceso de paz, las partes acordaron que los responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad, de confesar plenamente, no terminarían en la cárcel sino pagando penas alternativas. ¿Son este tipo de sentencias blandas el nuevo estándar para lidiar con crímenes de esa naturaleza?

—No pienso eso. Le estamos prestando mucha atención a lo que pasa en Colombia y al tema de las sentencias que se han impuesto.  Colombia ha optado por  mirar estos crímenes en el marco del proceso que desarrollaron y, de acuerdo con el Estatuto de Roma, no podemos intervenir. Pero monitoreamos lo que hacen y periódicamente evaluamos si estamos de acuerdo o no con lo que están haciendo porque todavía tenemos la potestad de decir que no estamos de acuerdo e intervenir. Ponemos mucha atención a lo que pasa, miramos cómo están manejando los procedimientos que atienden crímenes y que estén armonía con el Estatuto de Roma. Y definitivamente el tema de las sentencias es un tema que hemos mirando en el pasado y que seguiremos mirando a futuro. No entiendo qué quiere decir cuando me pregunta si es aceptable lo que hacen. Este es un proceso en evolución. He visitado Colombia, seguimos el caso de cerca y revisamos que nada se haga en contra de los estatutos.

Me refiero a que ya sabemos que si confiesan plenamente no pagan cárcel. Eso ya se sabe. Lo que le pregunto es si la Corte está de acuerdo con eso y si piensa que ese puede ser el estándar de ahora en adelante.

—Lo que ellos definieron es su acuerdo. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es evaluar si lo que hacen está en conformidad con el Estatuto de Roma. No puedo decir si es bueno o malo, tenemos que evaluar y mirar todos los aspectos. La sentencia es parte de esto por supuesto. Mi oficina ha transmitido sus puntos de vista sobre el tema de sentencias a las autoridades colombianas y al público en varias ocasiones. Si bien el Estatuto de Roma no prescribe el tipo o la duración de las sanciones que los Estados deben imponer por crímenes de la CPI, los esquemas de sanciones nacionales deben apoyar los objetivos generales del Estatuto de Roma de poner fin a la impunidad y contribuir con la prevención. Las sanciones por crímenes bajo el Estatuto de Roma, incluyendo aquellas que conllevan restricciones a la libertad, supervisión y obligaciones, deben ser compatibles con la intención genuina de llevar a los condenados ante la justicia.

El caso de los llamados falsos positivos es otro que ha llegado a la Corte pero frente al que tampoco parece haber movimiento a pesar de que lleva más de ocho años ante la Corte. ¿Cuál es la situación?

—Hemos elevado nuestras preocupación sobre la manera cómo se han manejado ciertos casos. Algunos de ellos incluyen los falsos positivos, también crímenes sexuales y de género y también incluye los temas de sentencias que usted menciona. Lo que le quiero mostrar es que el trabajo con Colombia es continuo y miramos si están haciendo lo que deben hacer bajo la jurisdicción nacional y elevaremos nuestra preocupación sin vemos que hay algo que sucede que no está en conformidad con el Estatuto de Roma. Puede pensarse que es lento pero eso es lo que demanda el Estatuto cuando un país dice que va a investigar y puede investigar y enjuiciar los crímenes que se han identificado por la CPI.

¿Están satisfechos con las respuestas que han recibido en cada uno de esos frentes?

Es un proceso continuo que no ha concluido. Nuestra valoración es continua y seguiremos  pidiendo más información y evaluando lo que nos llegue. Así es como funciona el sistema.


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