Las familias de tres de supervivientes del tiroteo en la escuela primaria Robb en Uvalde (Texas) presentaron un demanda contra varias entidades, entre ellas el distrito escolar y el Gobierno de la ciudad, acusándolas de negligencia y fallos que contribuyeron a la masacre.
La demanda, que fue presentada el miércoles ante una corte en el Distrito Oeste de Texas, nombra a diez acusados y busca reparación por daños, según recogen este jueves medios locales.
«Estamos buscando rendición de cuentas y reparación de daños, porque los demandantes tendrán que lidiar con el trauma de lo que vivieron», dijo Stephanie Sherman, abogada de las familias, a medios.
Entre los acusados están el jefe de la Policía de Uvalde, Pete Arredondo; la directora del colegio, Mandy Gutierrez; la empresa fabricante de armas Daniel Defense LLC y la tienda Oasis Outback, donde el atacante compró el rifle que usó en el tiroteo.
La matanza, que el 24 de mayo acabó con la vida de 19 niños y 2 profesores, desató una ola de críticas por la falta de acción y coordinación de la Policía escolar y los agentes del Departamento de Seguridad de Texas y de la ciudad que respondieron al tiroteo.
Según una investigación de la Cámara de Representantes de Texas, 376 agentes de diversas agencias de las fuerzas del orden respondieron al tiroteo antes de que mataran al atacante.
Los oficiales tenían pistolas, rifles y chalecos antibalas, pero pese a ello esperaron más de una hora para confrontar a Salvador Ramos, de 18 años, quien cometió la masacre.
Por este motivo, los demandantes señalan que el departamento de Policía de la ciudad no protegió a las víctimas. «A pesar de que la Policía de Uvalde hizo un intento temprano de entrar al colegio, se retiraron y nunca lo intentaron de nuevo», detalla la demanda.
El jefe de la Policía de Uvalde, Pete Arredondo, fue despedido en agosto pasado.