Los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa exigieron este lunes al Ejército mexicano que no encubra al capitán José Martínez Crespo, quien se entregó el jueves pasado convirtiéndose en el primer militar arrestado por la desaparición de los jóvenes en 2014.
«Exigimos a la Secretaría de la Defensa Nacional respetar la palabra del presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) de no encubrir a nadie ni obstaculizar las investigaciones», expresó Hilda Legideño, una de las madres, en una conferencia virtual de los familiares.
Legideño subrayó que Crespo y otros elementos del 27 batallón de infantería de Iguala (Guerrero), donde fueron atacados los jóvenes, «están implicados en la desaparición de nuestros hijos», algo que el entonces Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) siempre negó.
Órdenes de captura
El pasado 26 de septiembre, al cumplirse seis años de la tragedia, el presidente López Obrador anunció órdenes de captura contra militares por la desaparición y el pasado jueves el capitán Crespo se entregó en el campo militar 1-A de la Ciudad de México.
Las familias temen que haya cerrado un convenio con el Ejército para salvarse de la cárcel, por lo que exigen que se le dicte «un acto de formal prisión».
Legideño dijo que la responsabilidad de Crespo es clara, puesto que estaba «al frente de los operativos» del Ejército que estuvieron en el lugar de los hechos cuando los jóvenes fueron agredidos y secuestrados el 26 de septiembre de 2014 por la noche.
Además, estuvo en contacto con los soldados que dieron seguimiento a la agresión a través del sistema de videovigilancia C4 «sin hacer nada para evitarlo».
Finalmente, señaló que «existen pruebas sólidas de su vínculo» con el cártel Guerreros Unidos, organización a la que se atribuye la desaparición de los jóvenes.
El caso
Según la polémica versión del gobierno de Peña Nieto, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías corruptos en Iguala. Luego fueron entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el vertedero de basura de Cocula y tiró los restos en un río.
Este relato, conocido como la «verdad histórica», fue cuestionada por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
En 2018, el gobierno de López Obrador reinició la investigación contra los responsables de la desaparición y contra las autoridades de la anterior Administración por crear un falso relato de los hechos mediante torturas a los presuntos implicados.