El proceso de captura y extradición de Julio Herrera Velutini y Mark Rossini, coacusados en el caso federal por soborno contra Wanda Vázquez Garced, pudiera causar algún atraso, pero no detendrá el proceso judicial contra la exgobernadora de Puerto Rico.
Herrera Velutini y Rossini no fueron arrestados el jueves por estar fuera de territorio estadounidense.
Herrera Velutini, un banquero natural de Venezuela y dueño de Bancrédito, se encuentra en Inglaterra. Mientras que Rossini, su asesor y un exagente del FBI, está en España, según dijeron las autoridades federales.
La exfiscal federal María Domínguez indicó que un caso judicial puede continuar aún si nunca se atrapan a todos los acusados.
“Los casos son individuales, pero el gobierno (la Fiscalía) siempre va a querer un juicio en vez de tres juicios por economía judicial, de recursos, evidencia y porque la prueba es más contundente”, dijo Domínguez.
“Pero si un fugitivo no aparece, eso no paraliza los casos como el de Wanda”, agregó.
En cambio, Domínguez señaló que si los acusados que estén en otros países ya están en proceso de entregarse o de extradición, el Ministerio Público “va a solicitar (al tribunal federal) que se espere para tener un solo juicio, en vez de dos o tres”.
“Pero eso no evita que ella (Vázquez Garced) pueda declararse culpable o solicitar una resolución que no sea ir a juicio”, añadió.
Tras el arresto de la exgobernadora de Puerto Rico, no se ha establecido una fecha de inicio de los procedimientos.
¿Entrega voluntaria o extradición?
Los agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), o cualquier oficial de ley y orden de Estados Unidos, no tienen autoridad para hacer arrestos en otros países. De ahí la diferencia a que Herrera Velutini y Rossini todavía estén en la libre comunidad, mientras que Vázquez fue arrestada por el FBI el jueves en su casa en Río Piedras por cargos de conspiración, soborno y fraude.
Por estar fuera del alcance de los agentes, las autoridades federales comenzaron gestiones para poder traer ante la justicia a los dos coacusados.
“Primero, (los acusados) siempre tienen la oportunidad de venir voluntariamente a Puerto Rico”, dijo el jefe de la Fiscalía federal, Stephen Muldrow, en la conferencia de prensa en la que detallaron los cargos contra le exgobernadora y exsecretaria de Justicia.
Ese escenario, de ordinario, ocurre después de que las autoridades se comunican con el acusado o su abogado para informarle oficialmente sobre la acusación en un tribunal federal o estatal. Muldrow se negó a decir ayer cuándo ocurriría ese acercamiento.
Cuando se produzca la comunicación, el acusado informa si viajará o no a la jurisdicción de Estados Unidos para entregarse.
“Si no (lo hace), hay un proceso formal donde nosotros trabajamos con los gobiernos de esos países, de Inglaterra y España, para arrestarlos y traerlos acá”, indicó Muldrow. “Cada país tiene diferentes procesos”.
Ese es el proceso conocido como extradición, que se rige por acuerdos entre los gobiernos de cada país y que se inicia tan pronto el tribunal autoriza las órdenes de arresto. Tanto España como Reino Unido tienen tratados de extradición con Estados Unidos.
Cuando se le preguntó a Muldrow en qué momento se iniciarían las gestiones para traer a ambos acusados a la jurisdicción del tribunal, contestó que “eso no es algo que hablamos en público”.
En el caso de la exgobernadora de Puerto Rico, las tres órdenes de captura fueron emitidas el miércoles.
Proceso judicial y ejecutivo
El Departamento de Justicia federal informa en su portal web que “cuando una persona es buscada en Estados Unidos, la Oficina de Asuntos Internacionales (del gobierno federal) trabajará con los fiscales para preparar una solicitud de extradición para ser sometida al país extranjero”.
Cuando llega la petición de extradición, a ese país, comienza un proceso judicial. La persona puede ser citada para comparecer a un tribunal de ese país o, si lo determinan las autoridades, será arrestada.
Pero ese proceso judicial no es para determinar si la persona es culpable o no culpable de los cargos. El tribunal solamente corroborará la identidad de la persona y “determinará si la petición de extradición cumple con los requisitos del tratado de extradición y la ley del país que recibió la solicitud”.
Si el tribunal resuelve que todo está en orden, entonces el proceso pasa a la Rama Ejecutiva de ese gobierno, que determinará “si entregarán a la persona en extradición” al gobierno de Estados Unidos.
Por ejemplo, uno de los casos criminales más notorios de extradición en Puerto Rico fue contra Áurea Vázquez Rijos, quien fue arrestada en España en relación con el asesinato de su esposo, el empresario canadiense Adam Anhang.
Para la entrega de Vázquez Rijos, las autoridades federales accedieron a la condición impuesta por el gobierno de España de que se eliminara la exposición de la acusada a la pena de muerte. En cambio, el requisito del gobierno español de que no enfrentara cadena perpetua no se cumplió.
“Una vez el país que recibió la solicitud (de extradición) está listo para entregar a la persona, sus autoridades coordinarán con las autoridades del país solicitante para transferir a la persona que está bajo custodia”, indica el portal de Justicia federal.
Extradiciones a veces tardan «meses o años»
Si Herrera Velutini y Rossini no se entregan voluntariamente, el proceso de extradición se podría extender por meses o, incluso, años.
“Dependiendo del país involucrado, tanto la resolución judicial y la decisión ejecutiva de entregar a la persona buscada pudiera estar sujeta a múltiples niveles de apelación”, apunta Justicia en su página de Internet.
“La extradición de personas localizadas en el extranjero puede tomar muchos meses o incluso años en completarse”, añade.
Volviendo al ejemplo del caso de Vázquez Rijos, las autoridades federales no pudieron gestionar su arresto entre el 2008 y el 2012 porque se encontraba Italia, país que no tiene acuerdo de extradición con Estados Unidos.
Al viajar a España, Vázquez Rijos fue arrestada en ese país en el 2013. Sin embargo, no fue entregada a Estados Unidos hasta septiembre de 2015.
Hasta finales de 2014 se extendió el proceso judicial para su extradición, en el que su defensa alegó que enfrentaba una acusación “injusta”, pero la Fiscalía recalcó que esos argumentos se discuten durante el juicio en el país que solicita la extradición y el tribunal español estuvo de acuerdo.
Un cargo en común
A diferencia de otros casos, expertos consultados por el medio El Nuevo Día dijeron que difícilmente un juez aceptaría peticiones de la defensa para llevar a cabo juicios por separado contra los tres acusados, porque las alegaciones del Ministerio Público incluyen acciones cometidas en supuesto común acuerdo entre los acusados.
Aunque no comparten la totalidad de los siete cargos , los tres acusados sí tienen en común el primer cargo del pliego acusatorio, que es de conspiración.
El pliego del Gran Jurado federal alega que Herrera Velutini, de 50 años de edad y Rossini, de 60 años, conspiraron con Vázquez Garced y otras dos personas que ya se declararon culpables en acuerdo con la Fiscalía federal: John Blakeman, asesor de la campaña de la exgobernadora, y Frances Díaz, quien presidía Bancrédito.
La acusación plantea que a través de Blakeman, Herrera Velutini y Rossini acordaron cuantiosas contribuciones a la campaña primarista de Vázquez Garced con la condición de que ella destituyera al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner Kelly y lo sustituyera por alguien de la confianza del venezolano, quien resultó ser Víctor Rodríguez Bonilla, un exempleado de Bancrédito.
“Herrera, Rossini, Vázquez y sus co-conspiradores secretamente se comunicaron entre sí directamente o a través de intermediarios vía texto, e-mail y por aplicaciones de mensajería por Internet, y durante reuniones en persona, para discutir aspectos del acuerdo para pagar sobornos a Vázquez”, indica el pliego acusatorio.
Bancrédito estaba bajo la mira de la OCIF
Para ese entonces, Bancrédito estaba bajo la mirilla de OCIF tras una auditoría que se extendió del 2019 hasta el 2020.
El Nuevo Día publicó en mayo de este año que ese examen de OCIF encontró que Bancrédito estaba incumpliendo con los reportes de actividad sospechosa y encontró fallas para detectar actividades de lavado de dinero.
Los cargos federales señalan que el patrón de sobornos tenía como fin destituir Joyner Kelly y eliminar las acciones correctivas que la Entidad Bancaria Internacional (EBI) debía adoptar y liberar a Bancrédito de la obligación de informar transacciones sospechosas a la Red para la Detección de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés).
En marzo de 2020, Vázquez Garced destituyó a Joyner Kelly y en su lugar nombró a Rodríguez Bonilla, supuestamente por recomendación del banquero venezolano.
Rodríguez Bonilla estuvo a cargo de OCIF desde la salida de Joyner Kelly, en marzo de 2020, hasta el 11 de enero de 2021, ya bajo la gobernación de Pierluisi.
Por su parte, Rodríguez Bonilla dijo a El Nuevo Día en mayo que estuvo inhibido del examen contra Bancrédito, pero que fue presionado por Blakeman para que interviniera a favor de ese banco.
“Le digo (a Blakeman) que es imposible porque estoy inhibido, que lo que me pedía era una acción antiética e ilegal”, afirmó y dijo que acudió a las autoridades federales para explicar lo que estaba pasando.
“Lo vi como una presión indebida, totalmente antiética, ilegal e inmoral, que iba en contra de mi dignidad como persona”, contó Rodríguez Bonilla.
Tras llegar a la gobernación, Pierluisi nombró a Natalia Zequeira como jefa de la OCIF, quien continuó con las acciones que se tomaron luego de que los examinadores de ese ente regulador completaron su trabajo.
El 16 de mayo, Zequeira emitió una orden para la liquidación voluntaria de Bancrédito y posteriormente, concedió 60 días a la EBI para tomar una decisión definitiva. Dicho plazo vence el 8 de agosto.
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