Exrehenes de las FARC | The Associated Press

Un juez de una corte superior de Estados Unidos desestimó una apelación presentada por Samark López y otorgó a tres contratistas de defensa estadounidenses, que estuvieron retenidos por las FARC por más de cinco años, los derechos a cobrar una sentencia de 318 millones de dólares contra sus antiguos captores.

El magistrado Clarence Thomas se negó a escuchar la apelación de emergencia presentada por López, manteniendo la orden de una corte de apelaciones federal que entregó inmediatamente más de 53 millones de cuentas bancarias del empresario en Estados Unidos, que habían sido incautadas previamente, mientras se resuelve una disputa sobre un fallo de una corte menor, reseñó AP.

La opción que le podría quedar al empresario venezolano, sancionado por Estados Unidos, es una apelación de emergencia presentada el martes ante la juez Sonia Sotomayor de acuerdo con las normas del Tribunal Supremo.

Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes fueron capturados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2003, cuando su avión fue derribado durante un vuelto que monitoreaba el tráfico de drogas. El piloto, Tom Janis, fue asesinado por los rebeldes luego de que el aparato se estrelló.

Los tres trabajaban para Northrop Grumman. Fueron liberados hace 12 años junto a la excandidata a la presidencia de Colombia, Ingrid Betancourt, en un temerario rescate del ejército colombiano.

En 2012, un juez federal en Florida concedió a los tres hombres una indemnización de 318 millones de dólares a pagar de las cuentas bancarias incautadas a narcotraficantes ligados a las FARC, que está en la lista de grupos terroristas.

Pero no habían podido recibir el dinero hasta que el presidente Donald Trump promulgó discretamente en 2018 la Ley de Aclaración Antiterrorista, que permite que las víctimas de grupos terroristas reciban activos incautados por el gobierno estadounidense en base a leyes antidroga.

La nueva normativa permitió que los hombres fuesen tras los activos de López bloqueados en Estados Unidos, que incluyen una cuenta de Citibank con 269 millones de dólares, dos yates, un avión y propiedades de lujo en Miami.

López fue sancionado por Estados Unidos en 2017 como capo de la droga junto al entonces vicepresidente de Venezuela, Tareck el Aissami, quien ahora funge de ministro de Petróleo, por supuestamente lavar beneficios del tráfico internacional de narcóticos.

Pero los vínculos entre López y las FARC son tenues en el mejor de los casos, según su defensa, en la que está Dick Gregorie, un exfiscal de Miami con un largo historial de encarcelar a narcotraficantes.

El año pasado, durante un juicio por el reclamo de los tres hombres sobre sus activos, expertos de la acusación afirmaron que López solo tenía lazos indirectos con los rebeldes a través de su amistad con El Aissami, quien según las autoridades estadounidenses ayudó a las FARC a mover cocaína a través de Venezuela.


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