La sentencia del Tribunal Constitucional que establece que la reelección indefinida «no existe» y que no es un «derecho humano» sacude la política boliviana y pone en riesgo la candidatura para 2025 del expresidente Evo Morales, quien afirma que hay un «plan negro» en su contra, mientras que la oposición celebra el fallo.
La sentencia constitucional establece que en Bolivia el presidente y vicepresidente solo pueden ser electos y ejercer su mandato por dos periodos, ya sean continuos o discontinuos y que la reelección indefinida no existe y no es un derecho humano.
El TCP se acogió a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2021, en la que dicha corte refutó el argumento de Evo Morales y estableció que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano.
En 2017 ese mismo tribunal sacó otra resolución, que ahora quedó anulada, que habilitó a Morales (2006-2019) a presentarse a las elecciones generales de 2019 alegando que la reelección es un derecho humano, cuando el exmandatario ya había gobernado por tres periodos seguidos.
Participación en riesgo
La Constitución boliviana permite dos periodos de mandato, a pesar de ello, Morales se presentó a los fallidos comicios de 2019 en los que ganó en medio de denuncias de fraude electoral y renunció a la Presidencia denunciando un supuesto «golpe de Estado».
Este año Evo Morales anunció y confirmó su candidatura a la Presidencia para las elecciones de 2025 con el Movimiento al Socialismo (MAS), pero esta nueva sentencia pone en riesgo su participación, ya que puede ser inhabilitado.
Morales al conocer el fallo señaló que es «víctima del Gobierno» de Luis Arce y del «imperialismo» que pretenden el «exterminio del movimiento indígena».
«El plan no solamente es quitarnos el MAS, sino proscribir y eliminar a Evo como candidato», manifestó el exmandatario en una reunión en la localidad de Ivirigarzama en el Trópico de Cochabamba, su bastión políticos y sindical.
Horas antes el expresidente escribió en sus redes sociales que esa sentencia del TCP es una prueba de «complicidad» de los magistrados con el «plan negro» en su contra ejecutado por el Gobierno de Arce por «órdenes del imperio y con la conspiración de la derecha boliviana».
El MAS en alerta
Luego de conocerse la sentencia, el MAS sacó un comunicado indicando a su militancia que están en «alerta» ante la «arremetida» contra Morales y el movimiento indígena y campesino, por lo que «si tocan a Evo, tocan a todos».
También indica que el objetivo es «descabezar al movimiento indígena» para que luego Arce «se adueñe» de la sigla MAS y pueda participar en los comicios de 2025.
Señala que con este fallo Arce y el vicepresidente David Choquehuanca «han dado un paso más en el largo camino de traición y mentiras» a su partido.
El MAS está dividido en dos bandos, unos que apoyan a Morales y otros adeptos a Arce, debido a las tensiones internas en el partido oficialista que comenzaron a finales de 2021 ante las peticiones del exgobernante de cambiar algunos ministros, algo que el presidente no hizo.
Esta situación se profundizó por el congreso del MAS que se realizó en octubre en la localidad de Ivirgarzama en el que no participó Arce ni Choquehuanca ni representantes de los principales movimientos indígenas fundadores, el Tribunal Supremo Electoral anuló el mismo y pidió que se realice otros congreso del partido oficialista.
Reacciones
Varios opositores reaccionaron favorablemente a la determinación del TCP como la exmandataria transitoria Jeanine Áñez (2019-2020), quien se encuentra en una cárcel por la crisis política y social de 2019, escribió en sus redes sociales que el TCP «pone punto final al delirio de Morales de reelegirse por siempre».
De la misma forma el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) escribió que Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera «violaron la Constitución, las normas internacionales» y que le «robaron» la Presidencia en 2019 con un «fraude monumental», por lo que «no puede haber impunidad para quienes hicieron tanto daño al país ni para sus cómplices».
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) señaló que el TCP solo confirma la «tutela concedida», pero que la «convencionalidad de la reelección» debe ser atendida por el pleno de ese tribunal «con fundamentos, decisión operativa clara y precisa»
A su vez, el también expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) aprovechó para saludar al exmandatario de Colombia Iván Duque (2018-2022) por poner la opinión consultiva sobre si la reelección es un derecho humano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que indicó que no lo es.