El «colador» europeo para unos, la «fortaleza» para otros. La campaña de las elecciones europeas devolvió a la primera línea el espinoso debate migratorio, pese a la drástica caída del número de llegadas a través del Mediterráneo desde 2015. Casi cuatro años después del apogeo de la «crisis migratoria», los países de la Unión Europea no han sabido aprovechar la calma para reformar su agotado sistema de asilo común, por sus profundas divisiones sobre la acogida de refugiados.

Sorprendidos por la afluencia sin precedentes de 2015, los europeos, aunque divididos, no se quedaron impasibles. Cuando se trata de hacer balance, la Comisión Europea destaca el acuerdo cerrado en 2016 con Turquía. Este controvertido pacto migratorio redujo de manera espectacular la llegada de migrantes a las costas griegas. La UE también otorgó un polémico apoyo a los guardacostas libios para frenar las llegadas a las costas italianas.

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, la llegada de migrantes irregulares a la UE, que superó el millón en 2015 por la huida especialmente de sirios de la guerra, cayó a menos de 400.000 en 2016, a 187.000 en 2017 y a 144.000 en 2018. Para evitar revivir el caos de 2015, la UE aprobó un refuerzo considerable de Frontex, la agencia encargada de las fronteras exteriores. Para 2027, se dispondrá de un contingente de 10.000 guardias fronterizos y guardacostas para ayudar a los países.

En cuatro años, los países de la UE acogieron más de 50.000 refugiados «reasentados» directamente desde terceros países como Libia o Líbano, pero no han dejado de enfrentarse por la acogida de solicitantes de asilo llegados a Italia y Grecia.

En septiembre de 2017, entró en vigor un plan excepcional de «reubicaciones» para aliviar a estos dos países en primera línea. La mayoría de Estados lo aprobaron, pese al rechazo de Hungría, República Checa, Eslovaquia y Rumanía. Este plan preveía inicialmente el reparto de hasta 160.000 personas desde Grecia e Italia, entre ellas 120.000 según un sistema de cuotas obligatorias. Pero finalmente, se repartieron apenas 35.000.

Sobre el terreno, el dispositivo tardó en ponerse en marcha y muchos emigrantes continuaron su rumbo hacia el norte sin esperar. Los restrictivos criterios para optar al asilo y el acuerdo con Ankara, que redujo el número de candidatos potenciales, también limitaron su alcance. La falta de voluntad de varios países también ayudó. La Comisión lanzó finalmente procesos de infracción contra Hungría, Polonia y República Checa por su obstinado rechazo a respetar las cuotas de reparto.

Las «reubicaciones» constituyen una derogación excepcional del Reglamento de Dublín, legislación que confía el tratamiento de una demanda de asilo al país europeo por donde entró el solicitante. Esto supone una carga desproporcionada para países como Italia o Grecia. Para solucionar este desequilibrio, la comisión propuso poder recurrir de nuevo en el futuro al sistema de «reubicaciones», pero solo en caso de llegada masiva de migrantes y como último recurso tras otras medidas de apoyo a los países en primera línea.

Esto sigue siendo muy difícil de asumir para los países del Grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia), apoyados por Viena. Pero no es suficiente para los países del sur, que reclaman que el reparto de solicitantes sea de manera permanente y no sólo en período de crisis. Estas posiciones irreconciliables llevaron a la UE a un callejón sin salida, como muestran los recurrentes pulsos diplomáticos cuando un barco con migrantes socorridos a bordo, como el «Aquarius», llega a aguas territoriales europeas. Las diferencias bloquearon también un proyecto de reforma del asilo, propuesto en 2016, y mucho más amplio que las reglas de Dublín. Esta reforma preveía especialmente armonizar las reglas del asilo, muy diferentes de un país de la UE a otro.

Este rompecabezas empuja a los solicitantes de asilo a priorizar los destinos considerados como más dispuestos a la acogida, un fenómeno que originó los llamados «movimientos secundarios», fuente de tensión entre países del bloque. Frente a este bloqueo, corresponderá a los próximos dirigentes de la UE, en el nuevo ciclo político que empieza con las elecciones europeas, relanzar esta difícil reforma.