El pleno del Parlamento Europeo instó este jueves a la Unión Europea a imponer más sanciones a Venezuela por la represión en el país, debido a la tortura y muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo mientras estaba bajo custodia de las fuerzas de seguridad del Estado.

La resolución, que fue aprobada con 455 votos a favor, 85 en contra y 105 abstenciones, reitera su total apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y a la Asamblea Nacional. También respalda el proceso de facilitación impulsado por Noruega, que debería conducir a celebrar unas elecciones libres, transparentes y creíbles.

La Eurocámara considera que las autoridades europeas deben restringir los movimientos y congelar los activos y visados de las autoridades venezolanas responsables de violaciones de derechos humanos y represión, así como los de sus parientes más cercanos.

La resolución, uno de los primeros textos aprobados en esta legislatura del Parlamento Europeo, recibió el apoyo del PPE (Partido Popular Europeo), la S&D (Alianza de Socialistas y Demócratas), RE (Renovar Europa) y el grupo ECR (Conservadores y Reformistas).

Los eurodiputados condenan la represión y violencia en el país y expresan su solidaridad con el pueblo venezolano y sus condolencias a la familia y amigos de las víctimas mortales, como el capitán Acosta.

Acosta Arévalo fue torturado hasta la muerte tras su arresto ocho días antes por su supuesta participación en un plan para derrocar a Nicolás Maduro, denuncia su defensa.

El Parlamento subraya, además, la responsabilidad directa de Maduro y sus fuerzas armadas y de inteligencia en el uso indiscriminado de la violencia para reprimir la transición democrática en el país.

«En línea con el informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre las violaciones de las libertades fundamentales en Venezuela, el Parlamento pide un mecanismo independiente para investigar ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en operaciones de seguridad», señala la resolución, que reclama también que los responsables de las mismas rindan cuentas.