Estados Unidos sancionó este jueves a Rafael Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, con Rosario Murillo, quien además de primera dama detenta el cargo de vicepresidente.
La medida se aplicó por «por lavado de activos y corrupción en detrimento del pueblo nicaragüense», informó el Departamento del Tesoro.
«Rafael Ortega es el administrador de dinero clave detrás de los esquemas financieros ilícitos de la familia Ortega. El Tesoro apunta a Rafael y a las compañías que usa para lavar dinero», dijo Steven Mnuchin, secretario del Tesoro.
El funcionario estadounidense agregó que la familia Ortega utiliza los capitales ilícitos para mantenerse en el poder, en detrimento de los ciudadanos nicaragüenses.
Además de las sanciones personales, la Oficina de Control de Activos Extranjeros incluyó en su lista negra a dos compañías bajo la égida de Ortega Murillo. Se trata de Inversiones Zanzíbar S.A. y Servicio de Protección y Vigilancia S.A.
Asimismo, sancionó a la empresa Distribuidora Nicaragüense de Petróleo. La compañía está compuesta por una cadena de estaciones de servicio gestionada por Ortega Murillo y su madre.
Eludir sanciones
El Tesoro señaló que Ortega Murillo utiliza Inversiones Zanzíbar S.A. para ocultar la transferencia de ganancias de las distribuidora. Asimismo, funciona como fachada para adquirir estaciones de servicio y eludir las sanciones económicas contra el gobierno de sus padres.
Las autoridades estadounidenses detallaron que a principios de 2019, Ortega Murillo diversificó los activos de la familia. Para tal fin, compró estaciones de servicio a nombre de testaferros.
El hijo de Daniel Ortega también controla el Servicio de Protección y Vigilancia, S.A., una empresa de seguridad. Esta recibió millones en contratos gubernamentales.
Bloqueo
Las sanciones del Tesoro suponen el bloqueo de todos los bienes y activos bajo jurisdicción de Estados Unidos. Aunado a ello, prohíben toda transacción que involucre a individuos y entidades estadounidenses.
El gobierno de Donald Trump mantiene una política de presión máxima, por la cual sancionó al gobierno de Daniel Ortega. Pues, le acusa de abusos de derechos humanos, corrupción y fraude electoral.
Con frecuencia, la diplomacia estadounidense aboga por un retorno a la democracia en Nicaragua, por medio de unas elecciones libres y transparentes.