Las autoridades federales de Estados Unidos llevaron a cabo este sábado su decimotercera y última ejecución en seis meses, de acuerdo con medios locales, a cuatro días de que Donald Trump ceda el poder al demócrata Joe Biden.
Dustin Higgs, un afroestadounidense de 48 años de edad, recibió una inyección letal en la penitenciaría federal de Terre-Haute, en el estado de Indiana, informó The New York Times.
Una noche de enero de 1996, Higgs invitó a tres mujeres jóvenes a su apartamento cerca de Washington, con dos amigos. Después de que una de las chicas rechazara sus avances, él se ofreció a llevarlas a casa, pero, en lugar de ello, se detuvo en una reserva natural federal.
El Departamento de Justicia reveló que en ese lugar aislado ordenó a uno de sus amigos que disparara a las tres mujeres.
En 2000, lo condenaron a muerte por secuestro y asesinato. El autor de los disparos recibió la pena de cadena perpetua.
«Es arbitrario e injusto castigar al Sr. Higgs más que al asesino», dijo su abogado, Shawn Nolan, en una solicitud de clemencia en la ejecución dirigida a Trump a finales de diciembre.
Pero el republicano, defensor acérrimo de la pena de muerte, no accedió. Por el contrario, su administración actuó ante la justicia para poder realizar la ejecución antes de que abandonara la Casa Blanca el próximo miércoles.
Un tribunal había ordenado el martes el aplazamiento de la ejecución alegando que Higgs había contraído covid-19. Afirmaba que era probable que sus pulmones afectados por la enfermedad sufrieran mucho en el momento de la inyección de pentobarbital.
El Departamento de Justicia recurrió a esa decisión de inmediato y ganó el caso.
La Corte Suprema rechazó un último recurso relacionado con cuestiones de jurisdicción. El alto tribunal tiene ahora entre sus nueve miembros a seis jueces conservadores, tres de ellos nombrados por Trump. Se ha dado sistemáticamente su visto bueno a las ejecuciones federales.
Una serie sin precedentes
La administración republicana reanudó en julio esta práctica suspendida durante 17 años, mientras los estados posponían todas las ejecuciones para evitar la propagación del virus.
Desde entonces, 12 personas recibieron inyecciones letales en Terre-Haute, incluida, por primera vez en casi 70 años, una mujer. Su ejecución, aprobada igualmente en el mandato de Trump, fue el martes a pesar de las dudas sobre su salud mental.
«Nunca hubo tantas ejecuciones federales en un plazo de tiempo tan corto», señala Richard Dunham, el director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, con sede en Washington. «La cifra más alta de civiles ejecutados por las autoridades federales era de 16, en 1896», frente a las 13 realizadas en los últimos seis meses.
Con la ejecución de Higgs, seis condenados sufrieron la pena capital desde la victoria de Joe Biden, un hecho inédito, añade Dunham.
«Históricamente, los presidentes que terminan su mandato se centran en los indultos y en las conmutaciones de pena«, recuerda. Antes de Trump, ningún mandatario saliente utilizó su poder discrecional para matar a gente en lugar de indultarla.
Para el experto el perfil de los condenados refleja problemas recurrentes en la aplicación de la pena capital en Estados Unidos. Existe una sobrerrepresentación de los afroamericanos (7 de los 13). Además, dos de los ejecutados tenían graves deficiencias intelectuales, dos sufrían problemas mentales y dos acababan de alcanzar la mayoría de edad en el momento de su crimen.
Biden, que será el nuevo presidente el miércoles, se opone a la pena de muerte y prometió trabajar con el Congreso para tratar de abolirla a nivel federal.
Los congresistas demócratas presentaron el lunes un proyecto de ley a tal efecto, que tiene posibilidades de ser aprobado ya que el partido recuperó el control del Senado.