El juez español Pablo Llarena, instructor de la causa por el intento secesionista en la región española de Cataluña en 2017, dejó este miércoles en pausa la reactivación de las euroórdenes contra los independentistas catalanes Carles Puigdemont y Antoni Comín hasta que la Justicia europea resuelva sobre su inmunidad como europarlamentarios.
La Fiscalía española y la acusación particular solicitaron a Llarena el pasado lunes la reactivación de las órdenes internacionales de detención contra Puigdemot y Comín por un delito de malversación, que acarrearía pena de prisión de entre seis y doce años debido a la elevada cuantía de los fondos que presuntamente habrían desviado.
En un escrito, Llarena les responde que tiene en cuenta estas peticiones, pero prefiere esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre las medidas que ambos planteen en sus recursos para restablecer su inmunidad como europarlementarios, retirada por el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) el pasado 5 de julio.
Puigdemont y Comín pueden recurrir la sentencia del TGUE en un plazo de 2 meses y 10 días, es decir hasta el 15 de septiembre de 2023.
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En ese sentido, Llarena explica que cualquier euroorden emitida ahora quedaría inmediatamente paralizada antes de alcanzar su objetivo si el TJUE admite la medida cautelar que se pida en los eventuales recursos de Puigdemont y Comín.
En su petición, la Fiscalía sostuvo que se cumplían los requisitos establecidos en la ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE, que permite a la justicia española dictar orden de detención y entrega cuando los delitos enjuiciados impliquen una pena de prisión de al menos doce meses.
Añadía que «la retirada de la inmunidad por el Parlamento Europeo ha sido confirmada por el TGUE de modo que teniendo en cuenta su situación personal -huidos de la justicia y en rebeldía- resulta procedente emitir nuevas órdenes de detención internacionales y europeas respecto a ambos procesados por los delitos especificados en el auto de 12 de enero de 2023».
En ese auto, dictado tras la reforma del Código Penal español que derogó el delito de sedición y modificó el de malversación, Llarena adaptó la imputación a Puigdemont y Comín, ciñéndola a los delitos de malversación y desobediencia.