casa por cárcel
Las personas a las que beneficiaría esta medida son los presos mayores de 60 años de edad, madres gestantes o con hijos menores de 3 años edad que vivan con ellas en la cárcel; personas con cáncer, VIH, insuficiencia renal crónica, diabetes insulinodependiente, trastorno pulmonar, hipertensión, hepatitis C, hemofilia, artritis reumatoide y quienes tengan trasplantes | EFE / Luis Eduardo Noriega

El Inpec declaró emergencia carcelaria en Colombia, una medida que le permite acciones excepcionales especialmente en términos de contratación y solicitud de apoyo de autoridades sanitarias. La decisión la adoptó en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, y luego de los trágicos motines en varias prisiones del país que dejaron 23 presos muertos, el 21 de marzo.

Pero como esta medida tiene ciertas limitaciones, entre otras, no puede usarse para excarcelaciones, el gobierno también prepara un decreto con el que el presidente Iván Duque tomará acciones más drásticas.

El decreto establece que mediante audiencias virtuales los jueces otorguen detención o prisión domiciliara a los presos que hagan parte de grupos vulnerables, según lo adelantado. En ese sentido, los cálculos iniciales del Ministerio de Justicia indican que entre 4.000 y 15.000 reclusos podrían ir a sus casas.

Las personas a las que beneficiaría esta medida son los presos mayores de 60 años de edad, madres gestantes o con hijos menores de 3 años edad, que vivan con ellas en la cárcel; personas con cáncer, VIH, insuficiencia renal crónica, trastorno pulmonar, diabetes insulinodependiente, hipertensión, hepatitis C, hemofilia, artritis reumatoide y quienes tengan trasplantes.

De igual manera, la medida cobijará a personas con movilidad reducida, a aquellos que están condenados o investigados por delitos de menor gravedad y delitos culposos. También para los que se encuentren condenados a penas hasta de cinco años de prisión.

No obstante, cada caso debe se evaluado individualmente por el juez correspondiente.

Además, indicaron que los jueces pueden negarse a dar el beneficio de casa por cárcel si consideran que la persona no cumple con los requisitos establecidos en el decreto.

Aunque aún no ha salido el decreto que está a la espera de firma presidencial, desde el gobierno aclararon que la casa por cárcel no cobijará a quienes estén presos por delitos contra menores de edad, por violencia sexual, delitos de lesa humanidad, de guerra, o crímenes contra la administración pública y asociados a corrupción.

Con esta medida se busca reducir el hacinamiento carcelario, que alcanza 50%, y sacar de los penales a los reclusos que por sus condiciones están en mayor riesgo frente al coronavirus.

En la actualidad, hay 121.288 presos, cuando las cárceles del país tienen una capacidad para 80.763, por lo que aunque la medida de casa permitiría la salida hasta de 15.000 presos. Sin embargo, eso no acabaría con el hacinamiento carcelario, ya que la sobrepoblación actual es de 40.525 personas.

No se sabe aún si luego de que el país supere la emergencia sanitaria por el coronavirus, los presos beneficiados con la casa por cárcel deberán retornar a prisión. Eso se conocería una vez el presidente expida el decreto, lo cual sucederá en los próximos días.

Por otra parte, además de la medida excepcional para descongestionar las cárceles, y con ello el riesgo de un contagio masivo, el gobierno también estipula medidas de tipo contractual, dijeron fuentes a El Tiempo, para tener mejores medidas de limpieza y desinfección de las penitenciarías, así como proveerles a los presos elementos de aseo, como jabón.

La resolución de emergencia carcelaria que firmó el director del Inpec, el general Norberto Mujica, lo faculta a él y al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, a hacer traslados presupuestales y realizar contratación directa de las obras y servicios necesarios para superar la emergencia.

El Ministerio de Justicia, el Inpec y la Uspec ya trabajan en las reparaciones inmediatas necesarias en las cárceles que dejaron los disturbios del sábado, en los que hubo hasta incendios que dañaron algunas estructuras como muros, techos, puertas, rejas y otros.

Mientras el gobierno insiste en que los disturbios coordinados, al menos, en 13 cárceles el sábado pasado fueron un plan orquestado y criminal de fuga masiva, audios hablan de nuevos planes de motines y algunos presos siguen protestando porque, alegan, que las decisiones del Ejecutivo para protegerlos frente al coronavirus han sido insuficientes.