El Partido Popular ha solicitado en su escrito de denuncia –que ha registrado esta tarde ante la Oficina de Conflicto de Intereses– que se inhabilite al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, «entre 5 y 10 años» por «no abstenerse» en el rescate de Air Europa, una compañía que, según apunta el PP, «tenía vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez».
La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha derivado esta denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Fundación Pública que dirige José Luis Escrivá, dando así un paso más en su ofensiva contra el gobierno por la presunta trama de la compra de mascarillas del PSOE.
Así, el PP denuncia que «los intereses personales, de naturaleza económica y profesional, de la esposa del presidente del gobierno se veían beneficiados también, con los citados acuerdos del Consejo de Ministros, por la especial relación que en tales momentos mantenía la misma con el Grupo Globalia», argumentando así que Sánchez incumplió la ley al «no inhibirs».
La denuncia continúa citando, entre otros puntos, el nombramiento de Begoña Gómez como directora del IE Africa Center en agosto de 2018 hasta junio de 2022. «Se ignora cuál ha sido la naturaleza jurídica de la relación existente entre Begoña Gómez y el IE: si era una relación laboral por cuenta ajena, una relación mercantil actuando Begoña Gómez como trabajadora autónoma, o una relación de servicios entre el Instituto de Empresa y una sociedad mercantil de la que Begoña Gómez fuese socia de control y/o administradora», recoge el escrito.
Así, en la exposición de consideraciones jurídicas el Partido Popular recuerda que los altos cargos que tengan la condición de autoridad «se abstendrán de intervenir en el procedimiento administrativo correspondiente cuando, por afectar a sus intereses personales (…) concurran las causas previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común».
En la denuncia, además, el PP señala que si de la información recabada se hubiera incurrido en responsabilidad penal, se daría traslado a la Fiscalía dada la vinculación de alguna de las empresas con investigaciones judiciales en curso relacionadas con la trama de corrupción socialista.
Fuentes de Génova han aseverado que «el PP confía en que la Oficina de Conflictos de Intereses actúe con criterios de independencia y objetividad, aunque dependa de un Ministerio». «Esperamos, además, que esta Oficina no se guíe de los mismas actitudes proteccionistas y sectarias en favor del Gobierno como el que, lamentablemente, ya rige en el CIS de Tezanos o en la Fiscalía General del Estado, por citar tan solo dos ejemplos», han agregado.
Por todo ello, los ‘populares’ consideran que Sánchez «ha incumplido el deber de abstención» en Consejos de Ministros «respecto de las medidas de apoyo económico concedidas al grupo Globalia en los citados acuerdos».