"Todos sabemos que el régimen cubano se ha sustentado en los últimos 20 años por el petróleo venezolano y sus riquezas", indicó Camila Acosta

Un poderoso movimiento disidente ha puesto a temblar al régimen de Cuba. Sin más armas que la palabra, un grupo de periodistas, artistas, activistas de derechos humanos y miembros de la sociedad civil enfrenta al gobierno de Miguel Díaz-Canel haciendo visibles los atropellos que día a día se cometen contra el pueblo cubano.

«Cada vez somos más los que en Cuba denunciamos lo que está pasando. El régimen sabe que no nos puede parar», indicó Camila Acosta, periodista cubana de 27 años de edad, nacida en la Isla de la Juventud y egresada de la facultad de Periodismo de la Universidad de La Habana, en entrevista con El Nacional.

Ella forma parte del Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión (MOLE), agrupación que congrega a decenas de comunicadores de medios digitales. CubaNet, ADN Cuba, Diario de Cuba, CiberCuba y El Estornudo, entre otros radicados en el extranjero, se han sumado al pionero diario digital 14ymedio.com, dirigido por Yoani Sánchez, y amenazan con la verdad a un gobierno que miente y busca esconder la realidad que enfrentan los cubanos. Como lo ha hecho por más de 50 años.

El Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión (MOLE) agrupa a decenas de comunicadores de medios digitales

«Vivimos una extrema crisis. Hace un año se agudizó por toda la difusión que ha tenido la situación de Cuba. Ha tenido que ver también con la crisis de Venezuela. Todos sabemos que el régimen de Cuba se ha sustentado en los últimos 20 años por el petróleo venezolano y sus riquezas», señaló Acosta.

«El régimen se ha visto en la necesidad de hacer algunas aperturas, como por ejemplo dejar que el dólar americano circule libremente en tiendas, pero eso ha profundizado la brecha social porque solo tienen dólares los que reciben remesas del exterior», agregó.

«Los periodistas somos bastión para enfrentar la dictadura. Sabemos lo que representa la libertad de expresión en esta situación. Nos han convertido en blanco de ataques», subrayó.

Disidente

Acosta trabajó en Canal Habana, un medio oficialista, en donde permaneció por año y medio. Ahora labora para CubaNet. «Pedí mi baja laboral cuando me di cuenta que no estaba haciendo periodismo, que solo ers una vocera gubernamental a la que le decían lo que debía publicar», señaló.

Su renuncia la convirtió en disidente. Desde entonces la policía del Estado la acosa y persigue a familiares y amigos. Este martes fue desalojada de un apartamento en el que vivía con su esposo, Ángel Santiesteban Prats, escritor ganador del premio Casa de las Américas, que estuvo en prisión dos años, luego de un juicio amañado.

«Quieren que abandone el periodismo o me vaya de Cuba. No voy a hacer ni lo uno ni lo otro. Yo nací aquí y tengo tanto derecho como cualquiera para denunciar lo que pasa», dijo.

En menos de un mes es la segunda mudanza que se ve obligada a hacer, todo agravado por la crisis del coronavirus. En febrero ocurrió el primer desalojo. Luego ha habido cinco más. A los que le rentaron el apartamento los multaron con 3.000 dólares y les dijeron que no deberían alojarla o perderían la vivienda.

«Vivo como una fugitiva. Amenazan a los propietarios que se atrevan a rentarme un lugar para vivir e intimidan a los que tienen alguna relación conmigo», afirmó.

Acosta tiene prohibición de salida del país sin ninguna razón que lo justifique. «Lo hacen fundamentalmente contra periodistas y activistas de derechos humanos», explicó.

Decreto-Ley 370

MOLE ha centrado su lucha reciente en demostrar la inconstitucionalidad del Decreto-Ley 370, conocido como la Ley Azote, un parapeto legal que comenzó a implementarse en enero de 2020, con el que el régimen de Cuba intenta controlar las voces de la disidencia, especialmente lo que se publica por internet, ya que se asume que publicar denuncias en las redes sociales se difunden informaciones contrarias al interés social, la moral y las buenas costumbres.

La agrupación presentó el 8 de junio un recurso ante la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo y la Fiscalía General. Las instituciones tienen 45 días hábiles para responder.

«El plazo se vence este jueves 23 de julio. Solo la Asamblea Nacional respondió, pero no fundamentó sus argumentos», explicó.

Por estos días, Acosta consiguió donde dormir en algún lugar de La Habana. «He tenido que apagar el teléfono celular porque me estaban ubicando gracias a la geolocalización. Sé que tarde o temprano darán conmigo, no creo que me mantenga mucho tiempo fuera de los radares de la seguridad del Estado», subrayó.


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