El Grupo Parlamentario Popular registró dos proposiciones en el Congreso de los Diputados. En ellas exige al gobierno de España que respalde a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y que lidere en la Unión Europea la defensa de elecciones democráticas en este país.
En otra proposición presentada en la Cámara Baja, el GPP pidió al Ejecutivo que apoye las acciones internacionales contra el saqueo minero del Orinoco. También que actúe en defensa de los derechos de la población indígena.
La primera de las proposiciones no de ley, suscrita por la portavoz del GPP, Cayetana Álvarez de Toledo, y las diputadas María Valentina Martínez Ferro y Belén Hoyo, insta al gobierno a que reconozca cuanto antes la legitimidad de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional.
Pide al Ejecutivo que condene todas las maniobras inconstitucionales. Asimismo, que rechace la violación de derechos perpetrada por Nicolás Maduro y sus seguidores para impedir la reelección de Guaidó.
Los populares también reclamaron que el gobierno español lidere en la Unión Europea la defensa de la celebración de elecciones presidenciales democráticas en Venezuela. Asimismo que se sigan imponiendo sanciones individuales a los altos funcionarios del régimen de Maduro y sus familias con el bloqueo de sus cuentas.
La proposición registrada insta al Ejecutivo a que exija a la comunidad internacional que acompañe los procesos de reinstitucionalización y redemocratización en Venezuela. Esperan que España esté «situada en un lugar preponderante en esta exigencia».
Grupos armados
Por otro lado, el Partido Popular considera que se debe exhortar al cogobierno de Sánchez-Iglesias a que respalde las medidas internacionales que se acuerden para detener la pérdida de biodiversidad, a fin de restaurar los ecosistemas del Orinoco. Esto además de solicitar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos un mayor control de los impactos en las poblaciones indígenas afectadas en las zonas mineras.
Por último, la formación destacó que la ilegalidad y el control por parte de organizaciones de grupos armados dificultan una intervención sobre el territorio afectado. Además, facilitan el contrabando, teniendo en cuenta que en la zona hay metales preciosos y minerales estratégicos, así como otros materiales de alto valor.