Desde hace 15 meses Antonio Vathiotis Psofiu se encuentra en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, en Bogotá. Está detenido por un asesinato del que lo acusa el régimen de Nicolás Maduro.
Aunque ha perdido 44 kilos en los últimos meses, hace dos días Vathiotis intentó iniciar una huelga de hambre que tuvo que suspender. Su protesta se dio porque el 29 de junio pasado la Cancillería colombiana le reconoció a él y a su familia el estatus de refugiados políticos. Sigue sin obtener una respuesta definitiva de las autoridades sobre su libertad.
A Vathiotis lo capturaron el 3 de julio de 2018 en Cartagena. Lo solicitaban en extradición desde Grecia, el país donde nació, por el supuesto homicidio del capitán de la Milicia Bolivariana Ramzor Ernesto Bracho Brazo, quien murió el 12 de marzo del 2014 en medio de una protesta contra Maduro.
Vathiotis asegura que es inocente, dice que es un perseguido político y que Venezuela está usando a un tercer país para pedirlo en extradición.
El documento firmado por la viceministra de asuntos multilaterales de Colombia, Adriana Mejía, asegura que Vathiotis carecía de la protección que pudiera brindarle en su país de origen el acceso, garantía y protección de sus derechos fundamentales.
A su favor han intercedido desde Humberto Calderón Berti, reconocido por el presidente Iván Duque como el legítimo embajador de Venezuela, hasta Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela.
“Quiero que dejen de pasarse la pelota entre una y otra institución. Yo soy un preso político y así me lo han reconocido. Soy un padre de familia que nunca cometió un delito. En Venezuela me lo quitaron todo, y ahora me están quitando mi libertad”, asegura Antonio, desde su celda en la cárcel La Picota.
La extradición
El 6 de agosto, el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, José Francisco Acuña Vizcaya, negó una serie de pruebas que había pedido el abogado del ciudadano greco-venezolano e incluyó otras, como las peticiones que ha hecho el embajador Calderón Berti y las declaraciones de la Asamblea Nacional de Venezuela que lo reconocen como preso político.
También le negó su libertad afirmando que esa decisión no le corresponde a la Sala de Casación Penal sino a la Fiscalía General. Por eso, asegura la Corte, cuando tuvo conocimiento de que había sido reconocido como refugiado, le trasladó esa información al fiscal general encargado Fabio Espitia ya que, dice la Corte, Vathiotis se encuentra detenido por órdenes de esa autoridad.
La Corte también le dijo al ciudadano que no puede finalizar, por ahora, el trámite de extradición por su condición de refugiado ya que esa es una decisión que le corresponderá al presidente Iván Duque.
De empresarios a refugiados
Vathiotis nació en Grecia. En Venezuela era un próspero empresario en Puerto Cabello, donde se hizo miembro de Voluntad Popular.
Según el ciudadano greco-venezolano, en Venezuela tenía una empresa de transporte de tractomulas con la que pudo constituir una vida estable. Cuando el régimen se enteró de que pertenecía a Voluntad Popular, según cuenta, le pidieron 500.000 dólares para no involucrarlo en delitos de traición a la patria y terrorismo.