El kirchnerismo incluyó en el dictamen de la reforma judicial que tratará el Senado la semana próxima una controvertida cláusula que obliga a los jueces a denunciar las supuestas presiones «de los poderes mediáticos» que reciban en el ejercicio de sus funciones.
La iniciativa había sido impulsada por el senador oficialista Oscar Parrilli, habitual vocero de Cristina Kirchner, y mereció la queja de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, que había advertido sobre el riesgo que implica para la libertad de prensa normas de ese calibre.
El polémico agregado fue incorporado como el inciso E del artículo 72 del proyecto que impulsa el oficialismo a propuesta de Parrilli.
En la versión de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo el 30 de julio último, el artículo era el 70 y el inciso solo obligaba a «comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo».
El dictamen le sumó la palabra «mediáticos» a los poderes que supuestamente podrían ejercer presión y que los magistrados estarán obligados a denunciar.
Parrilli formuló su propuesta el pasado 4 de agosto, durante la primera audiencia de debate de la reforma judicial en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado. Ese día, expuso la ministra de Justicia, Marcela Losardo.
«Acá es necesario hablar explícitamente de los poderes mediáticos, porque hemos visto cómo en los medios de comunicación salían a alentar y a escrachar a distintos funcionarios del Poder Judicial porque no hacían lo que esos medios pretendían con determinada causa», afirmó el exjefe de la AFI de Cristina Kirchner.
El senador por Neuquén también pidió incluir a los medios de comunicación en el inciso F del artículo, en el que se establece que los jueces no deben fallar en virtud de supuestos clamores populares ni por miedo a la crítica.
«Tengo miedo que el clamor público sea el clamor de los medios de comunicación y que en función de eso se tome esto como un hecho de la sociedad, y en realidad no son hechos de la sociedad o reclamos de sectores sociales, sino que hay determinados intereses económicos que utilizan los medios para presionar a los jueces», argumentó en ese momento.
La propuesta de Parrilli mereció la respuesta de Adepa, quien sostuvo que «combatir el periodismo no ayuda a mejorar la Justicia».
Así, la entidad, que reúne a más de 180 empresas periodísticas de todo el país y es presidida por Martín Etchevers, advirtió sobre «el riesgo que implica para la libertad de expresión, el derecho a la información y el debate democrático que se promuevan normas arbitrarias y sin antecedentes en el mundo, que terminen inhibiendo el libre y pleno ejercicio periodístico en nuestro país».