El Ministerio de Gobierno (Interior) de Bolivia informó este martes que apeló la sentencia de 10 años de cárcel contra la exmandataria transitoria Jeanine Áñez por la forma en que asumió la Presidencia interina del país en 2019 y que ha solicitado 15 años de prisión.
El ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, indicó a los medios que ya impugnaron la sentencia dictada el 10 de junio para la exmandataria acusada de los delitos de resoluciones contra la Constitución e incumplimiento de deberes en el caso conocido como «golpe de Estado II» .
«Estamos pidiendo como Ministerio de Gobierno que se pueda ampliar a 15 años (la sentencia), sabemos que la parte acusada o sentenciada también ha interpuesto su apelación correspondiente. En los próximos meses ya se determinará o saldrá el auto de vista», dijo el ministro.
La defensa de la expresidenta presentó el lunes en Sucre, la capital constitucional del país y sede del Poder Judicial, un recurso de apelación incidental contra la sentencia, argumentando que hubo «injerencia política».
Del Castillo comentó que la apelación seguramente tendrá que llegar hasta el Tribunal Supremo de Justicia en Sucre para luego determinar qué procede.
«Lo que estamos buscando es que haya justicia para el pueblo para que el día de mañana no se repitan estos hechos», opinó la autoridad.
A su juicio, «Áñez y sus cómplices» deben «tener una sentencia de acuerdo a las conductas contrarias a la Constitución política del Estado», por lo que consideró adecuada una sanción de 15 años.
Un mensaje en las redes sociales de la exmandataria que son manejadas por sus familiares señaló que ya son «493 días del atentado contra la libertad» de Áñez y que la «mantienen secuestrada como presa política por delitos inventados para encubrir un fraude electoral».
493 días del atentado contra la libertad de la ex Presidenta Constitucional de Bolivia #JeanineAñez. 493 días que la tienen secuestrada como #PresaPolítica por delitos inventados para encubrir fraude electoral, abandono de funciones y huída vergonzosa del país de sus carceleros. pic.twitter.com/4fqr9db5P4
— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 19, 2022
Antecedentes
El caso «golpe de Estado II» tuvo como principales acusadores a la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Gobierno, que consideraron que Jeanine Áñez asumió indebidamente la Presidencia durante la crisis política de 2019 al vulnerar los reglamentos del Legislativo.
La defensa argumentó que accedió a la Presidencia en su condición de segunda vicepresidenta del Senado a causa del «vacío de poder» tras la renuncia del entonces mandatario, Evo Morales, su vicepresidente y las cabezas de las cámaras Alta y Baja.
La justicia determinó en junio 10 años de cárcel para la exmandataria transitoria por el caso «golpe de Estado II» y está detenida preventivamente desde marzo de 2021 por otro caso conocido como «golpe de Estado I», acusada por delitos de terrorismo, sedición y conspiración.
Esta sentencia motivó que organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Bolivia observen que en el proceso contra Áñez hubo un «uso excesivo» de la detención preventiva, entre otros cuestionamientos.
Asimismo, el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, señaló que a Áñez le corresponde un juicio de responsabilidad al ser expresidenta, al margen de la forma en que llegó al poder.
También la Unión Europea y el Ministerio de Exteriores del Reino Unido se manifestaron al respecto señalando que «no se respetó plenamente el derecho al debido proceso» y que el sistema judicial tiene «deficiencias», mientras que el gobierno boliviano rechazó estos argumentos.