El gobernador de Texas, Greg Abbott, desafió al Tribunal Supremo de Estados Unidos al ordenar que la Guardia Nacional texana mantenga el alambre de púas que colocó en la frontera con México para evitar la entrada de migrantes.
«Texas tiene el derecho constitucional a defenderse», argumentó este jueves en una entrevista con Fox News.
Además acusó al presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, de haber abandonado su responsabilidad de proteger la frontera.
El republicano defendió la instalación de más barreras que impidan la entrada a los migrantes, a los que considera unos delincuentes.
El pasado lunes, el Supremo dio la razón al Gobierno federal para que pueda retirar el alambre de púas que las autoridades texanas colocaron en un tramo de la frontera en Eagle Pass para frenar a los migrantes.
¿Qué dice Biden?
La administración de Biden alega que la barrera de espino impide a los agentes de la Patrulla Fronteriza federal acceder al área y desempeñar sus funciones.
En respuesta a la decisión del alto tribunal, Abbott declaró el miércoles la existencia de una invasión en Texas.
Esto a su juicio otorga a su gobierno la autoridad constitucional de defender al estado.
En un comunicado, el gobernador aseguró que la Guardia Nacional texana y la Policía estatal actuarán bajo esta autoridad para proteger la frontera de Texas.
según medios locales, siguen los trabajos de instalación de más alambre de púas.
La Guardia Nacional texana patrulla desde hace tiempo la frontera, lo que ha provocado roces con las autoridades federales.
El pasado 12 de enero se vivió un punto máximo de tensión cuando agentes federales acusaron a las autoridades texanas de haberles impedido el acceso al área para rescatar a una familia de tres migrantes que se ahogó en el río Bravo.
Además de la colocación del alambre de púas y el despliegue de la Guardia Nacional, Abbott ha enviado decenas de buses con migrantes a Washington y a varias otras ciudades gobernadas por demócratas como parte de su enfrentamiento con las políticas de Biden.
También instaló una polémica barrera de boyas en un tramo del río Bravo e impulsó una ley para criminalizar a los migrantes que cruzan de forma irregular la frontera.
Ambas medidas muy criticadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.