Un juez de Estados Unidos ordenó este miércoles a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que reactive parcialmente el plan Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en ingles) para jóvenes indocumentados y siga recibiendo solicitudes hasta que se resuelvan todos los desafíos legales pendientes en diferentes tribunales del país.
El juez William Alsup, de la corte del distrito norte de California, emitió este martes su decisión, en la que califica de arbitraria y caprichosa la determinación que Trump tomó el pasado septiembre para acabar con el DACA y dar al Congreso hasta el 5 de marzo para solucionar la situación de sus beneficiarios.
El plan DACA fue promulgado en 2012 por Barack Obama, el entonces presidente de EE UU, para proteger de la deportación y otorgar un permiso de trabajo temporal a más de 690.000 jóvenes que llegaron a este país cuando eran niños, conocidos como soñadores.
En el fallo emitido Alsup consideró que el gobierno de Trump tiene la obligación de volver a aceptar las solicitudes de renovación a DACA por parte de aquellos individuos que ya habían recibido previamente los beneficios de este programa y que ahora se están quedando sin protección.
Sin embargo, no pide al gobierno de Trump que acepte nuevas solicitudes por parte de jóvenes que nunca antes se habían inscrito en el programa DACA.
El magistrado hace esta distinción porque consideró que los demandantes, entre los que se encuentra la Universidad de California, han conseguido demostrar que los beneficiarios del DACA, sus familias, escuelas y comunidades sufrirían un daño irreparable si la extinción del programa sigue adelante.
Entre esos casos se encuentra, por ejemplo, la demanda que interpusieron el 11 de septiembre pasado de manera conjunta los estados de California, Maryland, Maine y Minnesota, donde viven 238.000 soñadores.
Esos estados alegan que el fin del DACA perturbará la vida de sus habitantes, provocará grandes daños a sus economías y ocasionará pérdidas a sus compañías, universidades y centros de investigación que dan empleo a los jóvenes indocumentados, pues con el fin del programa ya no podrían trabajar legalmente.
La decisión adoptada por el juez tiene carácter temporal y es probable que el Ejecutivo interponga un recurso.