Dos fiscales generales demandaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por mantener la propiedad de sus negocios y verse expuesto a posibles conflictos de intereses e influencia del dinero de gobiernos extranjeros, lo que podría violar la Constitución estadounidense.
La demanda, interpuesta por el fiscal general de Maryland, Brian Frosh, y del Distrito de Columbia, Karl Racine, en un tribunal federal, se centra en la posibilidad de que países influyan en el mandatario a través de sus pagos a la Trump Organization. Trump decidió no desvincularse de la propiedad de la Trump Organization, un conglomerado inmobiliario internacional, y solamente renunció a sus cargos dentro de la compañía para ceder el poder a sus hijos Eric y Donald jr.
Los fiscales generales acusaron a Trump de una “flagrante violación” de las provisiones constitucionales contra la influencia del dinero de intereses extranjeros o nacionales, así como de crear una administración “corruptible”.
Los fiscales generales consideran que “nunca antes en la historia de este país” un presidente había tenido una conjunción tan grande de intereses económicos de los que no se ha desvinculado, que ponen a “la democracia en riesgo” y levantan sospechas de que Trump tiene en el pueblo estadounidense su principal interés.
Frosh aseguró que esperan que los tribunales y, en última instancia, el Tribunal Supremo, sienten precedente y se determine por ley que Trump debe hacer más para garantizar que sus intereses no entrarán en conflicto al tener que tomar decisiones ejecutivas.