Datos oficiales de Estados Unidos apuntan a que más de 6.300 personas han sido expulsadas a México desde el 21 de marzo, cuando se aprobaron los poderes de emergencia a escala federal para frenar el contagio del coronavirus. Asimismo, el número de cruces fronterizos ilegales ha disminuido, según los funcionarios de inmigración de ese país.
La orden de emergencia de salud pública emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos prohíbe la entrada de extranjeros considerados como un «peligro grave» para la propagación de enfermedades transmisibles.
Desde que se introdujo la medida, las detenciones en la frontera disminuyeron en 50%, según el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Mark Morgan, informa la cadena británica BBC. Con respecto al número de personas bajo custodia de la agencia, este pasó de un promedio de 3.000 a menos de 100.
Según Morgan, la mayoría de los detenidos en la frontera fueron enviados de regreso a México, mientras que otros fueron devueltos a sus países de origen.
Entre los que son enviados de regreso, bajo la orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, están los niños que llegan solos a la frontera y que antes eran transferidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos para ser protegidos de la violencia y la explotación.
Estos poderes extraordinarios, que permiten anular leyes de inmigración existentes y agilizar los procesos de deportación, estarían siendo aprovechados para relanzar la «mano dura» del gobierno del presidente Donald Trump con relación a este tema.
«No pueden presentar solicitudes de asilo»
«No se trata de inmigración. Se trata de salud pública. Se trata de presentar fuertes medidas de mitigación y contención», indicó Morgan.
Sin embargo, un documento interno de la CBP, publicado por ProPublica, muestra que el acceso a protección, como el asilo, ha sido bloqueado de forma efectiva, con excepciones concedidas solo para aquellos que puedan mostrar un temor «razonablemente creíble» a ser torturado.
El martes, los demócratas del Comité Judicial del Senado remitieron una carta al secretario de Seguridad Nacional, Chad Wolf, quien supervisa las agencias fronterizas, para alegar que el uso del gobierno de la medida de excepción es ilegal.
«Contrariamente a la ley existente, las personas, las familias y los niños ahora no pueden presentar solicitudes de asilo o buscar otras formas de protección humanitaria y, en algunos casos, están siendo expulsados a países en los que temen ser procesados», indicaron.
La carta también subraya que el gobierno parecía haberse «otorgado poderes radicales para expulsar sumariamente a un gran número de personas» que llegaban a la frontera. «Esto equivale a un sorprendente (aumento) del Poder Ejecutivo con el pretexto de una respuesta global a la pandemia», destacan.