ex director de Pemex España
"Tenemos todos los elementos de prueba para defenderlo", aseveró Javier Coello, abogado de Emilio Lozoya | Archivo

Emilio Lozoya, ex director de la estatal Petróleos Mexicanos, fue detenido en Málaga, España, luego de llevar meses prófugo de la justicia y contar con una orden de captura internacional en su contra.

«Confirman detención por parte de autoridades españolas de Emilio L. en aquel país», informó la Fiscalía General de la República en un boletín sobre este alto funcionario implicado en el caso Odebrecht.

Lozoya estaba prófugo y en paradero desconocido después de que la Fiscalía de México lo acusó de recibir sobornos de Odebrecht y de participar en la compraventa irregular de una planta de fertilizantes.

Investigación durante casi un año

En declaraciones a Radio Fórmula, Alejandro Gertz, titular de la Fiscalía, dijo que se había logrado la detención después de un largo peregrinaje por toda Europa.

Valoró el apoyo de la Interpol y de la Policía española, quien finalmente lo arrestó.

Puntualizó que la orden de captura es con fines de extradición.

Finalmente, dijo que el caso Lozoya era icónico porque se ha logrado esta captura después de una investigación durante casi un año por distintos países de Europa.

«Tenemos los elementos de prueba para defenderlo»

Javier Coello, abogado de Emilio Lozoya, destacó que después de confirmarse el arresto procede ahora viajar a España y apoyar a su cliente.

«Tenemos todos los elementos de prueba para defenderlo«, aseguró.

Apuntó que tanto él como la familia de Lozoya desconocían la detención hasta el anuncio de la Fiscalía.

Lozoya fue director de Pemex desde 2012 hasta 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Siendo un economista con vasta experiencia internacional y miembro de una familia con profundos lazos con el poder en México, cayó en desgracia por su supuesta implicación en los sobornos de Odebrecht.

Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, la nueva FGR empujó una investigación en contra de Lozoya; en mayo de 2019 se emitió una orden de captura.

El año pasado lo inhabilitaron por 10 años para ocupar un cargo público por la Secretaría de la Función Pública.

Esta es una decisión validada el pasado 6 de febrero por un tribunal. También se le congelaron las cuentas.


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