La Policía de Trinidad y Tobago informó este lunes la detención de 13 venezolanos que buscaban entrar ilegalmente al país, entre ellos 6 menores de edad.
El grupo, entre quienes se encontraba un bebé de 3 meses, fue hallado el sábado escondido en una zona del suroeste de la nación.
Las fuerzas de seguridad explicaron que serán trasladados a la base de la Guardia Costera en el Helipuerto de Chaguarama, en el noroeste del país, para pasar la cuarentena por el covid-19.
El 24 de septiembre fueron detenidos otros 18 venezolanos en una redada en la capital, Puerto España.
Los ciudadanos venezolanos que huyen de la situación económica y política que sufre su país han estado llegando a Trinidad y Tobago, tanto legal como irregularmente, durante los últimos meses.
Criminalizar
En 2019, el gobierno de Trinidad y Tobago entregó documentación por la que se legalizaba la situación a 16.000 venezolanos, lo cual les ha permitido trabajar y residir legalmente.
Louise Tillotson, investigadora para el Caribe de Amnistía Internacional, indicó en agosto pasado que no era ningún secreto que las autoridades de Trinidad y Tobago «criminalizan la entrada irregular en el país, lo cual es contrario a las normas internacionales de derechos humanos».
«Expulsar a personas venezolanas y devolverlas a la emergencia humanitaria y de derechos humanos de la que huían, en plena pandemia, es una violación indignante de las obligaciones contraídas por Trinidad y Tobago en virtud del derecho internacional. Ninguna persona debe ser devuelta a un lugar en el que corra peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos», añadió.
La pandemia ha cobrado ya 71 vidas y ha dejado 4.362 personas contagiadas en Trinidad y Tobago.
La semana pasada, Nicolás Maduro reconoció ante la ONU la emigración venezolana, que durante mucho tiempo negó su gobierno, y que, según afirmó, se produjo «por razones económicas».
Pese a que Maduro no mencionó ningún número concreto de emigrantes que partieron ante la prolongada crisis económica y social que vive Venezuela, la ONU ha cifrado en unos 5 millones de personas las que han debido abandonar el país en busca de un futuro mejor.