Cada cuatro días una mujer es víctima de feminicidio en Bolivia. La información está basada según el segundo reporte del observatorio defensorial y judicial que fue presentado este miércoles en la Defensoría del Pueblo.
De acuerdo con la información del Ministerio Público, desde 2019 hasta agosto de este año, por la cantidad de casos acumulados, se puede decir que una mujer es víctima de la violencia machista cada cuatro días en el país.
Esta situación se agrava cuando se toma en cuenta los feminicidios «en grado de tentativa (..) pues cada dos días una mujer sería víctima», informó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
El defensor junto al fiscal departamental de La Paz, William Alave, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, presentaron este informe que hace seguimiento a los casos que se enmarcan en la ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
Torres indicó que de enero hasta la fecha se contabilizaron 88 feminicidios y 24 infanticidios. Esta es una menor cantidad de casos respecto al año pasado, que se registraron 94 muertes por violencia machista.
En tanto Alave señaló que del total de casos que reciben en el territorio nacional, 76,83 %, es decir unos 39.501 casos corresponde a violencia ejercida por hombres contra mujeres dentro de sus hogares que calificaron como «delitos de violencia familiar y doméstico».
Callisaya ponderó los esfuerzos del sistema judicial para realizar su trabajo, pero indicó que es necesario fortalecer las acciones que aún no son suficientes, que se debe mejorar la atención en las nueve fiscalías departamentales, priorizar estos casos y generar presupuestos para las fiscalías y el órgano judicial.
Bolivia tiene pocos jueces
Una de las mayores preocupaciones del defensor es la carga procesal que pesa en los jueces y fiscales que tratan estos casos de violencia machista. De acuerdo al informe, en promedio, un juez está a cargo de resolver 737 procesos anualmente, lo cual supera «los estándares en tramitación por juzgado».
«Los jueces no deben superar una carga procesal por encima de los 500 a 700 por año», señaló Callisaya.
Indicó que los jueces en cuatro departamentos tienen más de 600 casos, mientras que en la región oriental de Santa Cruz superan los 1.000 anualmente.
Agregó que se cuenta con 559 fiscales de materia, de los cuales 288, es decir, 51 % están encargados de investigar los delitos en el marco de la ley 348 y que en las fiscalías especializadas anualmente atienden un promedio de 677 casos.
«Todavía preocupa el hecho de que hay una necesidad de fortalecer estas fiscalías especializadas», enfatizó del defensor.
El Observatorio Defensorial Judicial es una iniciativa conjunta entre la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General del Estado con el objetivo de hacer monitoreo los procesos que se enmarcan en la ley 348.
La ley 348, vigente desde 2013, sanciona el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto; la pena máxima en la legislación boliviana.
Diferentes organizaciones feministas reclaman desde hace años que esa norma no se cumple plenamente por las demoras judiciales. Y la falta de recursos económicos y de personal capacitado para atender las denuncias de violencia machista, entre otros aspectos.
El Parlamento aún no ha tratado una reforma que presentó en julio del año pasado el gobierno de Luis Arce para fortalecer esa ley.