El abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, insistió hoy en que el proceso para una eventual destitución de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, «es nulo y está viciado», por lo que su aprobación supondría una «innegable ruptura institucional». Cardozo hizo un encendido discurso en la primera de tres sesiones en que la Cámara de Diputados decidirá si el proceso contra la mandataria va al Senado, instancia que decidirá si finalmente será sometida a un juicio con miras a su destitución. Según la acusación, Rousseff incurrió en maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública. Sin embargo, Cardozo reiteró la versión del Gobierno, según la cual la apertura del proceso no fue más que una mera «venganza» del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que también es objeto de un juicio político en ese órgano legislativo por supuesta corrupción. «Ese hecho le da al proceso un carácter ilegal, distorsionado y lo convierte en nulo», porque «la venganza no es motivo para derrocar a un presidente», declaró. Cardozo también afirmó que las supuestas maniobras fiscales se enmarcaron en la ley y, sobre todo, no constituyeron «dolo», que en su opinión es uno de los factores que la Constitución exige para configurar un llamado «delito de responsabilidad», que puede llevar a la destitución de un mandatario. «No hay mala fe, no hay delito, no hay un atentado contra la Constitución», que no se constituye con «cualquier violación o incumplimiento de una norma administrativa», alegó el abogado general. «Este proceso, viciado y nulo, es un golpe contra el voto de los brasileños que eligieron a Rousseff como legítima presidenta del país», aseguró. En caso que el proceso sea abierto, Rousseff sería separada del cargo durante los 180 días que tendrá el Senado para realizar el juicio y en ese período la reemplazaría el vicepresidente Michel  Temer , primero en la línea sucesoria y también bajo amenaza de un juicio político.


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