La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva solicitará a la justicia la libertad inmediata del ex presidente brasileño tras conversar con él este mismo viernes en la cárcel donde se encuentra preso desde hace 1 año y 7 meses por corrupción y blanqueo de capitales.
Los abogados de Lula pedirán su excarcelación con base en la decisión adoptada este jueves por el Tribunal Supremo de Brasil. El mismo, determinó que la prisión de una persona condenada solamente en segunda instancia es inconstitucional.
«Después de la conversación con Lula este viernes llevaremos al juicio de la ejecución un pedido para que se lleve a cabo su inmediata libertad. Esto con base al resultado del juicio del STF», señala un comunicado firmado por la defensa.
Los letrados informaron que reiterarán ante la máxima corte del país el pedido de habeas corpus con el fin de anular el proceso contra Lula. El ex mandatario fue condenado en tercera instancia a 8 años y 10 meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.
La defensa señaló que el ex jefe de Estado está encarcelado desde hace 579 días injustamente y de forma incompatible con la ley.
El Partido de los Trabajadores celebró la decisión del Tribunal Supremo, que por un ajustado resultado de 6 votos frente a 5 alteró una jurisprudencia establecida en 2016.
Para entonces, se aprobó que un condenado en segunda instancia podía ingresar a prisión, aún con apelaciones pendientes en otros dos tribunales superiores.
«La decisión del STF es muy importante para fortalecer la democracia y la Constitución. Sobre todo, en el momento en que peligran por el gobierno de extrema derecha en Brasil», señaló la presidente de la formación, Gleisi Hoffmann.
Hoffmann dijo que la decisión del tribunal reconoce, después de 1 año y 7 meses, que el Lula fue preso durante todo ese periodo de forma ilegal por una decisión política.
«Esa crueldad termina aquí, pero seguiremos luchando por la verdadera justicia, que solo vendrá cuando se anule la sentencia ilegal de Sergio Moro», el magistrado que le condenó en primera instancia y actual ministro de Justicia del gobierno del presidente Jair Bolsonaro.