La defensa de la expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez anunció este lunes que apelará la sentencia de 10 años que la justicia boliviana dictó en su contra y, tras agotar las instancias internas, también acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
Alaín de Canedo, uno de los abogados de Áñez, sostuvo en conferencia de prensa que la justicia boliviana vulneró los derechos de la exmandataria interina durante todo el juicio por el caso denominado «golpe de Estado II», por el cual el viernes la sentenciaron a 10 años de cárcel.
Canedo recalcó que la principal vulneración se trató de que, como expresidenta, a Áñez le correspondía un juicio de responsabilidades y no ser procesada por la vía ordinaria.
Cuestionan situación de su juicio
También cuestionó que no se le permitiera estar de forma presencial en su propio juicio, que se haya «excluido 90% de las pruebas presentadas» por su defensa o que la audiencia se llevara adelante mientras la exmandataria estaba «dopada» por su delicado estado de salud.
El letrado calificó este juicio como una gran «vergüenza» y sostuvo que acudirán a «tribunales internacionales».
Además hizo referencia a las recientes declaraciones del expresidente Evo Morales sobre la sentencia. Consideró que sus dichos ratifican que se trata de un «juicio político» establecido por una «decisión política».
Por ello esperarán a que se lea la sentencia completa este miércoles para presentar un «recurso de apelación restringida». Así como buscando la absolución de Áñez de este proceso.
Mediante proceso ordinario
Morales dijo el domingo en un programa en la radio Kawsachun Coca que en una reunión con el presidente de Bolivia, Luis Arce, y otros altos funcionarios del gobierno y el Legislativo coincidieron en que Áñez debía ser procesada a través de la vía ordinaria y no en un juicio de responsabilidades.
El gobierno de Arce y el mismo Morales aseguraron este lunes que su declaración se distorsionó y que en realidad se refirió a los siguientes procesos que se llevarán contra Áñez y no al reciente juicio.
Carolina Ribera, la hija de la exmandataria, sostuvo que emprenderán «las acciones necesarias» para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. «Donde no existe partidos políticos, no existe injerencia política o donde no existen amigos».
«Vamos a apelar y después, cuando se agoten todas las vías, vamos a ir a la vía internacional», señaló Ribera.
Añadió que este lunes es el cumpleaños de su madre, el segundo que pasará en prisión, y recalcó que está orgullosa de ella.
Apelarán condena contra Áñez
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, manifestó que el Ministerio Público apelará la condena contra Áñez, pues a su juicio no se «estableció su culpabilidad» por los delitos que se le inculpan, según un boletín del Ministerio Público.
La Fiscalía esperará a que se lea la sentencia completa para presentar la apelación debido a que se «acreditó, fundamentalmente, la existencia del hecho de ruptura de la sucesión constitucional», indicó.
«El Ministerio Público cumplió con su deber de investigar, procesar y llevó adelante el enjuiciamiento acreditado y probada la acusación que presentó para lograr la sanción penal para Jeanine Áñez como culpable y responsable de la ruptura del orden legal y constitucional», señaló Lanchipa citado en la nota.
Detenida en La Paz desde hace más de un año
Inicialmente la Fiscalía pidió 15 años de presidio para la exmandataria boliviana por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.
Áñez está detenida preventivamente en La Paz desde hace más de un año. El viernes la condenaron a 10 años de cárcel por los sucesos de 2019 que ocurrieron entre el 10 de noviembre, día en el que Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia, y el 12, cuando la entonces senadora asumió el poder de forma transitoria.
El gobierno de Arce y el Movimiento al Socialismo (MAS), oficialista, insistieron en que la dimisión de Morales se trató de un producto del golpe Estado en su contra. Mientras que sus detractores sostienen que es consecuencia de las acusaciones de un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios generales de 2019.
Además de este proceso, Áñez tiene otro en curso conocido como el caso «golpe de Estado I», en el que la acusna de supuestos delitos como sedición, terrorismo y conspiración.