La defensa del expresidente paraguayo Mario Abdo Benítez (2018-2023) tachó de «falsos» los hechos incluidos en la imputación contra el dirigente y ocho exfuncionarios por los presuntos delitos de revelación de secretos de servicio, declaración falsa y simulación de un hecho punible, entre otros, y advirtió que las motivaciones «no son jurídicas».
«Todos los hechos a los que aluden esas afirmaciones son falsos», declaró a periodistas Carlos Trapani, exasesor jurídico de la Presidencia durante la gestión de Abdo Benítez, quien acudió este miércoles junto a un grupo de juristas al Ministerio Público para conocer los detalles de la acusación formulada por dos fiscales contra el exgobernante y sus exfuncionarios.
Trapani explicó que solicitaron acceso formal a la investigación «y a las aparentementes múltiples actuaciones» que precedieron al acta de imputación, de la que dijo tuvieron conocimiento tras su «divulgación pública» en redes sociales y a través de los medios de comunicación.
«Para nosotros son hechos que no sucedieron. Esas afirmaciones aluden a circunstancias que no son ciertas, que son ficticias», insistió el defensor, que cuestionó que los hechos relatados «carecen de cualquier tipo de referencia de tiempo y espacio».
Los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti acusaron el lunes a Abdo Benítez y ocho funcionarios de su gobierno dentro de lo que describieron como «un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado», entre ellas el expresidente Horacio Cartes (2013-2018) y el actual presidente del país, Santiago Peña.
El propósito, según un extracto de la acusación difundido por el Ministerio Público, sería «debilitar sus figuras (de Cartes y Peña) en el ámbito político, económico y principalmente electoral».
«A uno le queda el sabor, evidentemente, de que estas afirmaciones no se encuadran en los parámetros mínimos que suele incluir una imputación, que tienen que ver con señalar o responder este tipo de preguntas: ¿qué?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué?», agregó Trapani.
El jurista observó «preliminarmente» que las motivaciones de la acusación «no son jurídicas», ya que, a su juicio, no se realizó «el ejercicio de la acción penal con apego al derecho».
«Estamos hablando de motivaciones que, a simple vista, no pueden comprenderse», agregó.
Por su parte, la exministra Cecilia Pérez, quien representa al exsecretario privado de Abdo Benítez y actual diputado oficialista, Mauricio Espínola, dijo ver una «celeridad inusual en el tratamiento de este caso versus otros casos que duermen el sueño de los justos».
La imputación se dio dentro de una investigación abierta tras una denuncia presentada en julio de 2023 por Cartes, quien se declaró víctima desde 2018 —año en el que Abdo Benítez asumió el poder— de una presunta «persecución» por parte de «personas en el ejercicio del poder político». Posteriormente, amplió su querella, al advertir, primero, de una supuesta «revelación de secretos del servicio» y luego, en otra extensión, sobre un plan gestado desde órganos del gobierno anterior.