Los ciudadanos venezolanos que han migrado a Colombia por cuenta de la crisis humanitaria y económica de su país se enfrentan a graves condiciones de precariedad laboral: trabajan más que los nacionales, ganan menos y se desempeñan en actividades concentradas en comercio, transporte informal, servicio doméstico y construcción.
Esta realidad quedó reflejada en la tercera ronda de la encuesta Pulso de la Migración, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que se les aplicó a 6.744 migrantes (equivalentes a 3.288 hogares), entre el 7 de diciembre de 2021 y el 24 de febrero de 2022, en 23 capitales del país.
De acuerdo con los encuestados, 80,8% de quienes trabajan no suscribieron un contrato escrito, sino verbal con sus empleadores. Otro punto que llama la atención está ligado a la intensidad de la jornada laboral de los migrantes.
Mientras que Colombia está dando pasos para reducir las horas de trabajo a la semana —la Ley 2101 de 2021 busca que sean 42 para 2022—, el estudio del Dane revela que 77,9% de los venezolanos encuestados sobrepasan esta meta. Incluso, preocupa que dos de cada 10 migrantes trabaja más de 61 horas a la semana.
La situación, sin embargo, no dista en gran medida de la situación del resto de trabajadores del país pues 62% de las personas ocupadas trabajan más de 40 horas, es decir, seis de cada diez empleados.
De otro lado, 43% de los encuestados aseguraron que consideran estar sobrecalificados para el trabajo que actualmente desempeñan en el país, pero ante la necesidad de contar con un ingreso para mantener a sus familias han accedido a ocupar los cargos que han conseguido.
Según los resultados, solo 0,4% de los venezolanos en Colombia desempeñan el rol de patrón o empleador, mientras que 54,5% son obreros o empleados de empresas particulares, 31% son trabajadores por cuenta propia, 3,4% son jornaleros o peones y 1,4% son empleados del gobierno.
Otro de los temas que dan cuenta de la precariedad laboral de los migrantes es el de las ofertas de trabajo y los salarios.
85% dijo que ha tenido dificultades para tener un trabajo pago. Sobre el tipo de inconvenientes, el mayor número fue por falta de oportunidades laborales (58%), falta de permisos de trabajo (33,7%), oportunidades limitadas o irregulares (28,2%), y falta de experiencia (20,9%).
Sobre los que están empleados, casi tres de cada cuatro devenga menos de 1’050.000 pesos al mes, y solo 3,5% gana más de 1’400.000 pesos. Llama la atención que 7,4% de los encuestados reciben menos de 350.000 pesos al mes (poco más de 90 dólares).
En cuanto a los desempleados, la encuesta pone de relieve que 64% de ellos llevan más de un mes buscando trabajo. De hecho, casi dos de cada 10 migrantes sin empleo llevan 13 semanas o más buscando uno.
A pesar de las dificultades y abusos laborales que manifiestan las personas encuestadas en la segunda ronda de la encuesta entre octubre y noviembre del año pasado, ellas no se han sentido discriminadas por su nacionalidad o situación de migrante. 75,9% de las mujeres dijeron que no han sentido el peso de la discriminación y 24,1% respondió que sí. Y 78,9% de los hombres dijeron no sentirse discriminados y 21,1% dijo que sí.
Igualmente, a las personas que se sintieron discriminadas se les preguntó el lugar donde se dio ese hecho. 58, 8% de las mujeres y 59,6% de los hombres dijeron que en la calle; 30,1% de las mujeres y 34,4% de los hombres, al aplicar a un trabajo; 25,2% de las mujeres y 38,9% de los hombres se sintieron discriminados en el trabajo y 24,5% de las mujeres y 22,6% de los hombres, al buscar vivienda en arriendo.
Frente al mismo tema en una nueva ronda de la encuesta realizada entre enero y febrero de este año, 52% de las mujeres y 52,3% de los hombres afirmaron que no se sienten discriminados y 18,6% de las mujeres y 16,3% de los hombres manifestaron que sintieron algo de discriminación.
En vista de que uno de cada tres migrantes alegó como dificultad para emplearse la falta de permisos, la encuesta indagó también en la cobertura del Permiso Especial de Permanencia (PEP).
Solo 15% tiene PEP
84,6% de los encuestados aseguraron que aún no cuentan con el permiso especial, que sirve para tener un número de identificación para venezolanos en el territorio colombiano, el cual, según Migración, “les otorga la permanencia regular por un periodo de dos años, y con este permiso podrán acceder a la oferta institucional en materia de salud, educación, trabajo y atención de niños, niñas y adolescentes en los niveles nacional, departamental y municipal”.
En cuanto a 15,4% de migrantes que sí cuentan con el PEP, la encuesta revela que la entrega de estos permisos en los últimos años ha caído de manera sustancial si se compara con los primeros años.
En la primera fase de la encuesta correspondiente a julio y agosto del año pasado, el mayor número de los encuestados reconoció que llegó al país acompañado de familiares. Así, 74,8% de las personas mayores de 55 años pasaron la frontera junto a un familiar, 23,7% lo hizo solo y 1,5% con una persona diferente a su núcleo familiar.
La encuesta también preguntó de dónde salieron los recursos para la migración: 38,7% usó sus ahorros, 37,8% vendió lo que tenía en su país, 20,4% recibió apoyo de la familia en Venezuela, 18,6% fue apoyado por familiares en Colombia y 3,8% pidió plata prestada.
De acuerdo con Ronal Rodríguez, profesor e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en el caso colombiano, los venezolanos se están incorporando en “una sociedad que ya tiene unos problemas bastante fuertes en su dinámica económica. Gran parte de nuestra labor económica no se da en la formalidad, sino en la informalidad, y para los migrantes ese ha sido el nicho en el cual han podido entrar a trabajar”.
De hecho, Rodríguez afirmó: “La mayor parte de los migrantes terminan trabajando en los sectores informales, quedando en la base de esas estructuras; es decir, siendo utilizados por contrabandistas para comercializar productos como chocolates turcos en el transporte público”. Eso implica largas jornadas de trabajo por una remuneración baja.
Para Rodríguez, la disminución de solicitudes de PEP se debe a la nueva figura del Permiso por Protección Temporal (PPT), un documento de identificación que se expide mediante la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), para regularizar su estado migratorio y acceder a salud, empleo y educación.
Más de 2’130.000 personas han solicitado el PPT, y 941.000 han sido aprobados.
Las cifras de permisos han bajado
En el 2018 se expidió el mayor número de permisos especiales de permanencia (PEP). Ese año se tramitaron y entregaron 477.304 permisos, cifra mayor en 137.954 a los que estarían vigentes para el presente año, cuando fueron, según la encuesta del Dane, 339.350. En el 2019 se expidieron 46.476 PEP, en 2020 fueron 118.394 y el año pasado, 17.222. Los datos de Migración Colombia dicen que a 2021 el total de PEP expedidos fue de 727.112. Sin embargo, esta cifra acumula el total de PEP que han sido expedidos para población venezolana desde 2017.
La diferencia de las cifras se podría atribuir a que esos permisos que tienen una duración de dos años se habrían vencido y no habrían sido renovados. Además la reducción podría estar asociada también a la salida de habitantes de Venezuela del país entre 2018 y 2022.
De acuerdo con los resultados de la tercera ronda del Pulso de la Migración, de los 2,2 millones de personas migrantes desde Venezuela, 339.350 ciudadanos declararon tener el PEP.
Llama la atención que este año y el pasado el mayor número de personas que respondió a la encuesta y que dijo tener el permiso eran mujeres.
Según las cifras de Migración, desde 2015 se mantiene un comportamiento al alza en el número de venezolanos que ingresaron a Colombia. En 2019 llegaron al país 1’771.237, en 2020 fueron 1’729.593 y el año pasado, 1’842.390.