Keiko Fujimori, líder del partido político peruano Fuerza Popular (FP), es investigada por el presunto delito de lavado de activos, por aportes no declarados en sus campañas electorales del 2011 y 2016. También, por los supuestos aportes ilegales que habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht.
Desde octubre pasado, Keiko Fujimori se encuentra en prisión preventiva por 36 meses. La ex candidata presidencial apeló a distintas instancias hasta llegar a la Corte Suprema. Justamente, este viernes la Sala Penal Permanente tenía previsto dar a conocer si seguiría o no su proceso en la cárcel.
No obstante, los magistrados no llegaron a un consenso sobre el tema, por lo que el caso aún queda pendiente.
Aquí una cronología del caso que llevó a la líder de Fuerza Popular hasta la Corte Suprema.
Aportes no declarados
El 13 de octubre del 2015 la titular de la 26 Fiscalía Provincial Penal de Lima, María del Pilar Peralta Ramírez, abrió una investigación por el presunto delito de lavado de activos contra Fujimori y otras 11 personas.
El caso se abrió tras la denuncia de presuntos aportes no sustentados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El caso estuvo por dos años en el despacho de la magistrada Peralta.
El 8 de marzo del 2016, una nueva investigación se abrió en contra de Keiko Fujimori, por presunto delito de lavado de activos. El caso se inició en la Segunda Fiscalía Especializada en Lavado de Activos tras denuncias periodísticas, entre ellas de El Comercio.
La primera, sobre la compra de dos lotes de terreno industrial por el valor de S/.617, 329.00 ubicados en la zona industrial de Chilca. La segunda, por la venta de tarjetas para “cócteles” donde se recolectó en diciembre de 2015 la suma de S/.710,419.00 y un segundo cóctel realizado en noviembre del 2016, no reportado ante la ONPE.
Las anotaciones de Odebrecht
El 23 de junio del 2017 el portal IDL Reporteros reveló un apunte en la agenda electrónica de Marcelo Odebrecht, vinculada a la campaña electoral de Keiko Fujimori con Fuerza 2011. «Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita», anotó.
La revelación se dio en el contexto de que Odebrecht reconoció haber pagado USD$ 29 millones en coimas en diversos gobiernos, a cambio de obras públicas. Luego, se conoció que también había entregado aportes a diversos partidos políticos para las campañas electorales.
El 3 de agosto de 2017, en una conferencia de prensa, Keiko Fujimori negó haber recibido dinero de Odebrecht.
El 29 de agosto de 2017, el fiscal Germán Juárez Atoche de la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos, inició la investigación preliminar contra Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular por el Caso Odebrecht.
Sin embargo, el 4 de setiembre de 2017, el Ministerio Público dispuso que el Caso Odebrecht y Fuerza Popular, pasen a manos del fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez Gómez. También se dispuso que el caso que estaba a cargo de la fiscal María del Pilar Peralta, pase al despacho de Pérez.
El 16 de setiembre de 2017, el Ministerio Público dispone que el fiscal José Domingo Pérez asuma también la investigación contra Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama y Keiko Fujimori, por el caso Cócteles para la campaña presidencial 2016.
El 28 de setiembre de 2017, la Fiscalía dispone adecuar la investigación contra Keiko Fujimori a la Ley de Crimen Organizado, lo que le permitiría prolongar el tiempo de las pesquisas, por ser un caso complejo.
El 9 de noviembre de 2017, Marcelo Odebrecht declaró ante el Equipo Especial Lava Jato, que entregó aportes ilícitos a las campañas de diversos partidos políticos.
El 7 de noviembre de 2017, el fiscal José Domingo Pérez realizó una diligencia de allanamiento e incautación de documentos en los locales partidarios de Fuerza Popular.
El 26 de febrero de 2018, la defensa de Keiko Fujimori interpone un recurso de casación ante la Corte Suprema, para que las investigaciones preliminares por el caso Cócteles y Fuerza Popular sean concluidas. Meses después, la Corte Suprema rechazaría el pedido.
El 27 de febrero de 2018, Jorge Barata declaró ante el fiscal José Domingo Pérez y ratificó haber entregado aportes a diversos políticos, entre ellos a Keiko Fujimori.
Detención y prisión
Las delaciones y los documentos que comenzó a entregar la empresa Odebrecht, como parte del convenio para el acuerdo de colaboración, al que se acogió la empresa, determinaron que el fiscal José Domingo Pérez, solicite la detención preliminar contra Keiko Fujimori.
El 10 de octubre de 2018, el juez de investigación preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, a pedido de la Fiscalía, ordenó la detención preliminar por 10 días de Keiko Fujimori y otras 19 personas vinculadas a Fuerza Popular. Ese día, la ex candidata fue detenida cuando acudía a la Fiscalía a rendir una declaración.
El 17 de octubre de 2018, Keiko Fujimori y las otras 19 personas, entre ellas los ex ministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, fueron liberadas por decisión de la Segunda Sala de Apelaciones.
El 21 de octubre de 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho comienza a evaluar el pedido de prisión preventiva por 36 meses, que solicitó el fiscal José Domingo Pérez contra Keiko Fujimori, Pier Gigari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya y otros.
Prisión preventiva
El 31 de octubre de 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y ordenó su internamiento en un penal por 36 meses.
El 13 de diciembre de 2018, la Fiscalía amplió la investigación preparatoria contra Keiko Fujimori, por el presunto delito de obstrucción a la justicia. También incorporó en la investigación a los abogados Giulliana Loza (defensora legal de Keiko Fujimori), Arsenio Oré Guardia, Edward García Navarro, Lorena Gamero Calero, Luis Ernesto Lazo Mendoza y Danae Calderón Castro.
El 4 de enero de 2019 la Segunda Sala de Apelaciones Nacional rechazó la apelación de Keiko Fujimori al declararla infundada y ordenó que la líder de Fuerza Popular continúe con prisión preventiva.
Recurso de casación
El 25 de febrero de 2019, la defensa de Keiko Fujimori, interpone un recurso de casación ante la Corte Suprema. El pedido fue derivado a la Sala Suprema Penal Permanente del Poder Judicial.
El 30 de abril de 2019 esta sala admitió a trámite el recurso de casación interpuesto a favor de la líder fujimorista, contra la orden de prisión preventiva en su contra de 36 meses, que viene cumpliendo en el penal anexo de Chorrillos.
El 3 de julio de 2019, a horas del partido por la semifinal Perú-Chile, el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, presentó un escrito en el que solicita a la Corte Suprema que anule le orden de prisión preventiva contra la líder de Fuerza Popular.
El 5 de julio de 2019 la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema iba a evaluar, en audiencia pública, el recurso de casación que presentó la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, contra la orden de prisión preventiva de 36 meses que viene cumpliendo. Sin embargo, el juez supremo Jorge Castañeda se inhibió de ver el caso.
Horas antes de la diligencia, IDL Reporteros publicó una secuencia de audios entre el juez Castañeda y el ex juez supremo César Hinostroza, vinculado al caso «Los Cuellos Blancos del Puerto».
En razón de ello, a través de un informe, el magistrado dio cuenta al Tribunal Supremo de que se apartaba del caso. La audiencia fue postergada.
El 16 de julio de 2019, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó el pedido del juez supremo provisional, Jorge Castañeda Espinoza, para apartarse del tribunal que analizará la casación presentada por Keiko Fujimori –el cual integra– con el objetivo de revocar la orden de 36 meses de prisión preventiva en su contra.
El 17 de julio de 2019 la sala programó para el miércoles 24 de julio, a las 8:00 de la mañana, la audiencia pública donde se analizará el recurso de casación de Fujimori.
El 21 de julio del 2019 Cuarto poder informó que la líder de Fuerza Popular se habría reunido en el 2018, con el exjuez supremo César Hinostroza, imputado por el Ministerio Público de ser el cabecilla de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, en un departamento del empresario Jacques Rodrich, esposo de la congresista Cecilia Chacón, en Miraflores.
Según el testimonio de un nuevo colaborador eficaz ante la Fiscalía, al que tuvo acceso el referido programa en esta cita, que se realizó en la terraza del referido inmueble, participó Chacón de Vettori.
El 24 de julio de 2019 se llevó a cabo la audiencia en la cual los magistrados escucharon a los abogados de Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, Pier Figari y Luis Mejía Lecca. El fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, representante del Ministerio Público, no se presentó.
La sesión fue encabezada por el juez Hugo Príncipe, quien finalmente anunció que la resolución sería dada a conocer el viernes 9 de agosto.
El 26 de julio de 2019, a través de su Twitter, la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, solicitó que la sala se pronuncie sobre la casación con libertad y sin presiones. Aseguró que no existe un peligro de fuga de su parte o de obstrucción a la justicia.
«He esperado más de 9 meses este momento, anhelando tan sólo un debido proceso», indicó.
Finalmente, se realizó la audiencia de casación de mi proceso y la Corte Suprema emitirá su fallo el próximo viernes 9 de agosto. He esperado más de 9 meses este momento, anhelando tan sólo un debido proceso. (1/4)
— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 26, 2019
El 9 de agosto de 2019 se conoció que los jueces de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema votaron en discordia, por lo que no se formuló resolución. Así lo informó a las partes el magistrado Hugo Príncipe Trujillo, presidente de dicha sala.
Se conoció que dos jueces se pronunciaron a favor de que se declare infundada la casación, mientras que tres a favor de que se declare fundada en parte, y con esto reducir de 36 a 18 meses la orden de prisión preventiva contra Keiko Fujimori.
Al no llegar a un consenso (puesto que por ley se requerían cuatro votos en un determinado sentido), no se llegó a emitir una resolución y el caso queda todavía pendiente.