La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó este martes medidas de protección y la liberación de 11 opositores presos en Nicaragua, en el marco de la crisis política y social que vive ese país desde el 2018 a raíz de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.
La Corte IDH emitió una resolución en la que otorga «medidas urgentes, para proteger y garantizar su derecho la vida, integridad, salud, acceso a alimentación adecuada e integridad personal» a favor de 11 personas que organizaciones no gubernamentales consideran presos políticos.
Los beneficiarios son Norlan José Cárdenas Ortiz, Jaime Enrique Navarrete Blandón, Osman Marcel Aguilar Rodríguez, José Santos Sánchez Rodríguez, Ezequiel de Jesús González Alvarado, Denis Javier Palacios Hernández, Uriel José Pérez, Ernesto Antonio Ramírez García, Edder Oniel Muñoz Centeno, Nidia Lorena Barbosa Castillo y Juan Lorenzo Holmann Chamorro.
Las medidas de protección se extienden también a los núcleos familiares de estas personas en Nicaragua.
Protección a detenidos
Esta es una más de las numerosas resoluciones de medidas de protección y liberación que ha emitido la CorteIDH en favor de personas consideradas como presas políticas en Nicaragua, y de las cuales el gobierno de ese país ha hecho caso omiso.
El pasado 29 de noviembre la Corte Interamericana declaró a Nicaragua en «desacato permanente» a las órdenes de liberar a opositores encarcelados y anunció que elevará la situación a la Asamblea Geneal de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Corte IDH detalló ese día que el Estado de Nicaragua ha expresado su no aceptación y rechazo a las medidas provisionales adoptadas en favor de 75 opositores al Gobierno presos, resoluciones que tienen fechas de 24 de junio, 9 de septiembre, 4 y 22 de noviembre de 2021, así como del 25 de mayo y 4 de octubre de 2022.
A estas resoluciones se suma la de este martes en favor de otras 11 personas.
En todas esas resoluciones la Corte IDH ha ordenado la liberación inmediata de los opositores encarcelados, entre quienes destacan excandidatos presidenciales, periodistas, líderes sociales, empresarios, estudiantes, entre otros.
La Corte IDH manifestó en su pronunciamiento de noviembre pasado que «la detención de los beneficiarios de las medidas provisionales, así como los procesos penales seguidos en contra de todos ellos, evidencian un proceso de hostigamiento y criminalización de las personas que se identifican en oposición al actual gobierno de Nicaragua».
Según la información de la Corte IDH, hasta noviembre pasado Nicaragua había remitido 19 comunicaciones en las que manifestó su rechazo a las medidas provisionales «por considerar que las mismas siguen un guión impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica» e «incluyen una narrativa parcializada».
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el gobierno reconoce 200.