La Corte Suprema del Reino Unido continúa el litigio por el control del oro venezolano. En una nueva sesión de este 7 de julio, ordenó a los representantes de la administración de Maduro pagar la cantidad de 400.000 libras esterlinas al Banco Central ad hoc, cuyas autoridades fueron designadas por el presidente encargado Juan Guaidó. Esto representa un aproximado de 480.000 dólares.
Asimismo, ordenó pagar las costas correspondientes a los honorarios y gastos del proceso, por las incidencias y actuaciones de segunda instancia y las ejecutadas ante la misma Corte, cuyo importe se estimará en los próximos días, y que podrían superar el millón de dólares, según señala un comunicado de la Corte.
«Ahora, días antes de que se realice la audiencia para debatir, y luego decidir, sobre la ineficacia de esas írritas decisiones, la misma Corte Suprema en decisión de 7 de julio de 2022 ordenó a las autoridades ilegítimas del Banco Central designadas por Maduro que reintegre al Banco Central cuyas autoridades ha nombrado Guaidó, la cantidad de 400.000 libras esterlinas (aproximadamente 480.000 dólares) que fueron pagados a los abogados de Maduro en diciembre de 2020 y, adicionalmente, le condenó a pagar las costas (honorarios y gastos del proceso) por las incidencias y actuaciones de segunda instancia y las ejecutadas ante la misma Corte Suprema de Justicia, cuyo importe se estimará en los próximos días, y que podrían superar el millón de dólares», se lee en el documento difundido este jueves.
Un logro para Guaidó sobre litigio por oro venezolano
La medida se señala como otro logro ante la justicia internacional al gobierno interino instaurado por Juan Guaidó.
«Nuevamente el gobierno de Guaidó se anota un triunfo en las Cortes extranjeras frente a la dictadura, al reconocerse su legitimidad y preservar importantes activos del pueblo de Venezuela. Conforme al Estatuto que rige la transición a la democracia, estos activos no pueden usarse ni disponerse hasta tanto cese la usurpación y se restaure la democracia», subraya.
Finalmente, indican que queda pendiente «que la Corte de Comercio se pronuncie sobre el no reconocimiento de las decisiones dictadas por el Tribunal Supremo de Maduro que pretenden anular todos los actos de la Asamblea Nacional legítima electa en el año 2015».