La Corte Suprema de Brasil ordenó la prisión preventiva por tiempo indefinido a 942 de los 1.406 seguidores del expresidente Jair Bolsonaro detenidos por el acto golpista del 8 de enero, informó este viernes el tribunal.
El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso, concluyó el análisis de las audiencias de custodia de los detenidos en flagrante. Informó que pasarán al régimen de prisión preventiva, una medida cautelar que no estipula un plazo para una sentencia.
Otras 464 personas fueron amparadas con medidas cautelares y responderán ante la Justicia en «libertad provisional». Pero estarán sometidos a varias condiciones, entre ellas el uso de tobillera electrónica para ser monitoreados y presentación semanal ante las autoridades.
De acuerdo con el alto magistrado, quien el miércoles había dado un balance parcial de las audiencias, «las conductas fueron ilícitas y graves». Tenían, además, la intención de, «por medio de violencia y grave amenaza, impedir el ejercicio de los poderes constitucionales constituidos».
«Hay pruebas en los autos (del proceso) de la participación efectiva de los investigados en una organización criminal que actuó para intentar desestabilizar las instituciones republicanas», señaló el magistrado.
De Moraes indicó que los implicados entran a prisión preventiva por participar en «actos de terrorismo» y «destrucción de predios públicos». Además, responderán por los delitos de «asociación criminal, abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado».
Igualmente, les fueron imputados cargos por «amenaza, persecución e incitación al crimen», según un comunicado del Supremo Tribunal Federal (STF).
Corte de Brasil imputa a manifestantes por acto golpista
El pasado 8 de enero miles de extremistas que no aceptan la derrota de Bolsonaro en la segunda vuelta electoral del pasado 30 de octubre invadieron y destruyeron las sedes del Congreso, la Corte Suprema y el presidencial Palacio de Planalto.
Los bolsonaristas, que llevaban acampados más de dos meses en las puertas de los cuarteles de las principales capitales, pedían una intervención militar para derrocar al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que venció con el 50,9 % de los votos válidos.
Otras 684 personas, de acuerdo con la Policía Federal, fueron liberadas por «razones humanitarias». Se trataban de ancianos, enfermos o mujeres con niños, pero sus nombre fueron incluidos también en las investigaciones.