La comunidad internacional mostró este lunes preocupación por la situación del Estado de derecho en El Salvador, tras la destitución de los magistrados constitucionales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del fiscal general.
Se pidió respeto por la Constitución del país centroamericano.
Parlamento afín a Bukele destituye magistrados y fiscal
El Salvador se adentró en una crisis política desde que el sábado el oficialismo tomó las riendas del Parlamento para el período 2021-2024.
En su primera acción, el Legislativo votó la destitución de los magistrados con los que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tuvo enfrentamientos durante el último año.
Tras conocerse la destitución, la Sala de lo Constitucional emitió un fallo declarando inconstitucional la votación en su contra, acción que abogados consideran que anula la votación.
Este lunes, la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea se han sumado a las reacciones por lo que acontece en El Salvador, sumándose a la preocupación previamente expresada por la Organizaciones de Estados Americanos y Estados Unidos.
Respeto a la Constitución y ataque al Estado de derecho
El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este lunes a El Salvador respeto a la Constitución y a la separación de poderes para mantener los avances democráticos que el país alcanzó tras 12 años de guerra civil (1980-1992).
Guterres, a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, dijo que está siguiendo de cerca la situación en el país centroamericano.
«Tomo nota de las preocupaciones expresadas respecto a los procedimientos usados para la destitución de miembros de la Sala de Constitucional», señaló.
La posición de la UE fue más crítico al considerar las acciones del oficialismo en el Parlamento, respaldadas por Bukele, como un atentado contra el Estado de derecho.
Los representantes de la UE en El Salvador, al igual que la misión diplomática de Estados Unidos, no habían fijado posición antes.
«Las decisiones tomadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador el 1 de mayo de destituir a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal general de la República, y los consiguientes nuevos nombramientos, atentan contra el Estado de derecho y la separación de poderes en el país». Así se lee en un comunicado del Servicio Europeo de Acción Exterior.
La UE dijo que espera que los derechos legales y la integridad física de los magistrados estén garantizados en todo momento en el ejercicio de sus funciones.
La UE añadió: «Debe salvaguardarse la independencia del Poder Judicial en El Salvador para asegurar la plena separación de poderes y preservar la sólida tradición democrática del país».
Bukele a la defensiva en redes
El presidente Bukele viene reaccionando desde el mismo sábado desde su cuenta de Twitter a los señalamientos de la comunidad internacional, pero sin hacer referencia directa a entes o funcionarios.
«Aquí nos costó 30 años botar el régimen que nos tenía en la miseria, en la corrupción, en la inseguridad y en la desesperanza. Negociaban con la vida del pueblo y ordenaban asesinatos desde las instituciones, hay videos de eso», indicó, pero sin presentar pruebas.
Y agregó: «El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos».
Entre las propuestas de la campaña para las elecciones del 28 de febrero pasado no se encontraba ninguna que planteara la destitución de funcionarios escogidos por legislaturas anteriores.
«Si la oposición gana en Nicaragua, dejarían a la Corte y la Fiscal Sandinista. Si la oposición logra ganar en Honduras, dejarían a la Corte y Fiscal de JOH (Juan Orlando Hernández). Si la oposición gana en Venezuela, dejarían a la Corte y Fiscal del Chavismo. Digo, por aquello del balance de fuerzas», expresó.
Posible crisis económica
Una veintena de organizaciones de la sociedad civil advirtieron este lunes sobre la posibilidad de una crisis económica en El Salvador tras la destitución de los magistrados y del fiscal general.
El economista Ricardo Castaneda, coordinador para El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), indicó:
«Muchas veces se piensa que los aspectos democráticos están separados de los aspectos económicos. Pero no es así. Tarde o temprano una crisis democrática se traduce en una crisis económica».
Señaló que lo que acontece en El Salvador puede provocar, por ejemplo, un aumento en el precio de los bienes y servicios, así como aumento del desempleo, aumento de la deuda y de la pobreza y la desigualdad.
Castaneda apuntó que este mismo lunes los precios en los bonos en los mercados internacionales cayeron.
«Han tenido una caída muy grande en el caso de El Salvador, lo que es el primer impacto que uno puede observar», dijo.
Según los datos de Bloomberg, divulgados por algunos medios, los bonos en dólares de El Salvador que vencen en 2025 cayeron 5,9%, la mayor caída de un día desde el 18 de marzo de 2020.
Incertidumbre por nuevas decisiones
En medio de esta situación, la junta directiva del Parlamento se encuentra reunida en privado. Se desconoce si el presidente de ese órgano de Estado, Ernesto Castro, convocará a sesión plenaria.
De acuerdo con información de la prensa local, los diputados oficialistas, cuyo bloque suma 64 parlamentarios de los 84 en el Congreso, estarían proponiendo la destitución de los magistrados de la Corte de Cuentas, el procurador de derechos humanos, José Apolonio Tobar, y de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).