Aún sin embajador en propiedad en Bogotá -la ratificación de Elizabeth Manes sigue enredada en el Senado por la oposición de los republicanos- la Casa Blanca elaboró una larga lista de objetivos por cumplir en Colombia con la administración del presidente Gustavo Petro.
El documento base, conocido por EL TIEMPO, fue proyectado en abril del 2022 y tuvo una actualización hace menos de dos meses, en junio pasado.
En ese documento el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoce la importancia de Colombia como uno de sus principales socios en la región y señala, también a las claras, la necesidad de trabajar con el gobierno Petro, tanto para conjurar amenazas como el narcotráfico, el terrorismo, la migración desbordada y el cambio climático como para evitar que avancen «los esfuerzos de actores negativos externos para afectar la estabilidad y ganar influencia en Colombia».
En las declaraciones públicas del último año, Washington ha mantenido la línea de resaltar el ambiente de cooperación y diálogo con el gobierno nacional, el primero de izquierda en la historia del país. En esa buena relación ha sido clave el embajador Luis Gilberto Murillo, quien ha logrado que la administración de Joe Biden incluso le haya dado un compás de espera a los resultados de la estrategia Petro de no perseguir los cultivos de coca. Esa posición ha sido duramente criticada por los republicanos.
Pero la estrategia de trabajo de la Casa Blanca con Colombia es mucho más ácida en sus expectativas sobre el gobierno de Gustavo Petro.
Así, advierte que «la elección en 2022 del presidente Gustavo Petro causó una considerable incertidumbre para las compañías de Estados Unidos que pretendían invertir en Colombia o desarrollar actividades comerciales en el país».
«La posición de Petro de revisar el TLC bajo los mecanismos existentes y su intención de asegurar soberanía en sectores clave podrían erosionar la relación entre Estados Unidos y Colombia. Además, la narrativa sostenida de que el TLC le da más beneficios económicos a Estados Unidos que a Colombia puede revertir las cosas en contra de la creciente tendencia al crecimiento de la relación comercial y llevar al incremento de impuestos y otros obstáculos al libre comercio», dice Estados Unidos.
También señala como riesgos reales para la seguridad de Colombia y la región y para el avance de la lucha contra el narcotráfico «la falta de voluntad política, los mensajes contradictorios y la incapacidad del gobierno para expandir la presencia policial y la persecución de los cultivos ilícitos». «La violencia se ha incrementado en la medida en que los grupos criminales han consolidado control en algunas áreas tras la desmovilización de las FARC y la pandemia», dice el documento.
En lo que representa un reconocimiento expreso de su preocupación por los avances económicos y diplomáticos de Rusia y China en la región, Washington establece como una de sus líneas básicas de trabajo con Colombia lo que llama «aumentar la capacidad de resistencia (colombiana) a los esfuerzos de actores externos negativos».
Lo que dice el gobierno Biden es que, al ser uno de sus más «cercanos aliados», es clave que Colombia fortalezca sus instituciones y que el país empiece a pensar en su seguridad nacional en clave de los grandes asuntos económicos, en clara referencia a las inversiones de otros grandes jugadores de la arena internacional.
«Colombia, debido a sus cercanos lazos con Estados Unidos y a la cercanía geográfica con Venezuela, es blanco de actores negativos que buscan afectar asuntos económicos, políticos y de seguridad. Las necesidades financieras y de inversión del país, particularmente en la era pos covid, proveen un escenario conveniente para actores negativos que buscan ganar influencia en sectores sensibles ofreciendo alternativas de bajo costo para proyectos de infraestructura y desarrollo. Así como Estados Unidos juega un rol principal informando a Colombia de esos riesgos, Colombia debe desarrollar su propia capacidad para detectar, analizar y contrarrestar esas influencias negativas», señala la estrategia.
Por eso se propone colaborar con el Estado colombiano y con el sector privado para «intensificar sus capacidades defensivas ante ciberataques y detectar y contrarrestar campañas de desinformación que busquen desestabilizar o difundir narrativas políticas nocivas para nuestros valores (democráticos) compartidos».
Washington advierte que hay riesgo de que «Colombia pueda rechazar la ayuda de Estados Unidos si esa ayuda puede causar confrontación política con ciertos actores negativos en la arena mundial, especialmente aquellos con los que la administración Petro está buscando una relación más cercana». Por ello señala que se necesitarán contactos al más alto nivel entre los dos países para evitar este escenario.
En materia de seguridad hemisférica, Estados Unidos considera clave «asegurar que Colombia siga siendo un aliado en sus asuntos de seguridad nacional». Así, el documento conocido por EL TIEMPO resalta que la cooperación en el entrenamiento militar y policial de décadas ha cimentado una fuerte relación en materia de seguridad y que Colombia, además, es el único socio global de la OTAN en Suramérica.
El equipo diplomático acreditado en Bogotá considera que los costos y condiciones impuestas para el entrenamiento de la fuerza pública colombiana «pueden abrir la puerta a otros programas más flexibles en otros países, y dice que «actores negativos («malévolos», los llama) pueden ofrecer oportunidades de entrenamiento o equipo militar altamente subsidiado en un esfuerzo por desarrollar relaciones que pueden amenazar las fortalezas de Estados Unidos en Colombia».
Finalmente, Washington reconoce el hecho de que la administración de Petro haya puesto el tema del cambio climático en la parte más alta de su lista de prioridades, pero advierte que «la falta de una aproximación estratégica a la transición energética puede afectar la habilidad del gobierno de conseguir el objetivo de terminar con la dependencia de Colombia de las exportaciones de hidrocarburos como principal fuente de ingresos».