El 31 de enero de 2023, hace ya casi un año, el presidente de El Salvador Nayib Bukele presentó la que calificó como la cárcel «más grande de América», donde esperaba encerrar a unos 40.000 presuntos pandilleros como parte de su «guerra» contra las pandillas en el país centroamericano.
La megacárcel fue construida en una zona rural y aislada ubicada a unos 74 km al sureste de San Salvador, en un área de terreno de 166 hectáreas y con una área construida que incluye una decena de pabellones que ocupan hasta 23 hectáreas.
Oficialmente nombrada como Centro de Confinamiento del Terrorismo, la cárcel de Bukele posee un muro perimetral de 2,1 kilómetros y 11 metros de altura, que es vigilado día y noche por 600 soldados y 250 policías. Asimismo cuenta con sistemas de cámaras de vigilancia y escáner para la revisión de quienes ingresen y salen de las instalaciones.
En palabras de Bukele, una cárcel en la que los reclusos tendrán que trabajar para ganarse la comida en lugar de recibir privilegios o extender redes criminales. Incluso para no tendrán que salir para asistir a juicios, sino que en las mismas instalaciones se celebrarán los procesos judiciales para evitar traslados y fugas.
Contraste de modelos
El presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, ha sido la cara visible de las críticas internacionales contra el modelo de seguridad ciudadana de Bukele en El Salvador.
El 2 de marzo del año pasado, Petro reaccionó a las imágenes de los traslados de los pandilleros salvadoreños a la mega cárcel inaugurada por Bukele a la que el mandatario colombiano llamó «campo de concentración» para jóvenes.
«Ustedes pueden ver en redes sociales las fotos terribles del campo de concentración de El Salvador. Lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, le da a uno un escalofrío» señaló Petro en un discurso en Bogotá.
La respuesta de Bukele no se hizo esperar: «Los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños».
Por el contrario, la presidenta izquierdista de Honduras, Xiomara Castro, se distanció de la posición de Petro y ha replicado el modelo Bukele. En ese otro país centroamericano, dos pandillas, la Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, se han dividido el territorio e imponen sus reglas y obtienen dinero con venta de drogas, sicariato, cobro de extorsiones y otros delitos.
Por esa razón, el gobierno hondureño impuso el 6 de diciembre de 2022 un Estado de excepción que permite arrestos sin orden judicial, semejante al vigente en El Salvador desde el 27 de marzo de ese año.
Grupos de derechos humanos e incluso la Iglesia Católica han criticado los métodos de Bukele para combatir a las pandillas, pero su cruzada cuenta con el apoyo de nueve de cada diez salvadoreños, según las encuestas.
¿Qué quiere hacer Ecuador?
El nuevo gobierno de Ecuador ha tratado de retomar el control de la seguridad ciudadana en el país, pero no hay soluciones fáciles ni rápidas.
A inicios de diciembre, el presidente Daniel Noboa adelantó que tenía identificados tres barcos que cumplían las condiciones para servir como prisiones en el mar.
«Tenemos identificadas tres opciones, una está en Australia, otra está en Reino Unido y otra en Estados Unidos» señaló el mandatario; sin embargo, la llegada de las «barcazas carcelarias» a Ecuador podría tomar hasta ocho meses.
Posteriormente, el 4 de enero, Noboa agregó que planea construir dos cárceles de máxima seguridad en la Amazonía y la costa del Pacífico del país. «Son cárceles para tener una segmentación, un aislamiento adecuado de las personas».
Son «igualitas porque es la misma compañía, el mismo diseño se hizo para las cárceles en México y El Salvador. Para todos los Bukele lovers es una cárcel igualita», señaló el mandatario ecuatoriano.
Noboa aclaró que su plan es separar a los reclusos más peligrosos y con ello frenar las masacres carcelarias que desde febrero de 2021 dejan 460 presos muertos.
En los centros penitenciarios de Ecuador hay 31.321 reclusos, de acuerdo con el censo penitenciario de 2022. Con el fin de reducir la población carcelaria, Noboa también planea expulsar a unos 1.500 reclusos extranjeros, la mayoría de Colombia, Perú y Venezuela.