El expresidente Mauricio Macri deberá declarar como acusado en una indagatoria el próximo jueves 7 en una causa sobre el supuesto espionaje a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, que se hundió el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur. El juez federal de Dolores, Martín Bava, lo citó a indagatoria y le prohibió a Macri la salida del país.
La causa por la que Macri acudirá a la indagatoria se inició por una denuncia radicada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, en septiembre del año pasado. La primera parte de la investigación la llevó adelante el fiscal Daniel Adler en Mar del Plata, hasta que el caso cambió de jurisdicción y pasó a Dolores.
En la denuncia de Caamaño se señala que mientras el submarino aún permanecía desaparecido, durante la gestión de Macri, la AFI hizo seguimientos en las manifestaciones realizadas en Mar del Plata por parientes y amigos de los tripulantes.
En la misma resolución en la que Bava dispuso la citación de Macri se procesaron a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, extitulares de la AFI. Ambos prestaron declaración indagatoria en julio de este año y negaron los cargos que les imputaban.
El fallo del juez
Bava explicó que la responsabilidad de los hechos no puede endilgársele solo a los agentes de base ni tampoco a los exjefes de la AFI. Esto porque las acciones de espionaje partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena respondía al entonces Presidente.
En su fallo, el juez escribió: “No solo las más altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia estaban en pleno conocimiento de las acciones ilegales que realizaban en Mar del Plata, sino que además, le retransmitían estas acciones al Presidente de la Nación. El entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri, se encontraba en pleno conocimiento del especial interés y el seguimiento que realizaba la Agencia Federal de Inteligencia respecto los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan”.
Bava relata en su fallo que los familiares de los tripulantes del ARA San Juan sospechaban que tenían sus teléfonos intervenidos. Así se lo hicieron saber al entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, que radicó una denuncia para que eso se investigara. En juez explica que las intervenciones nunca se comprobaron porque el procedimiento requería que los familiares pusieran sus teléfonos a disposición del tribunal (la causa la llevaba el juez Daniel Rafecas) y ellos no accedieron. Bava afirma sobre este punto: “Mientras acontecían los delitos que aquí se investigan, el Gobierno nacional reconocía que había al menos serios indicios que indicaban un espionaje ejercido hacia los familiares de las víctimas del ARA San Juan. El hecho de que las máximas autoridades de la Agencia no hayan tomado medidas dirigidas a investigar y, llegado el caso, neutralizar ese espionaje es una prueba cabal de que todas estas acciones se realizaron en connivencia con las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional.”
La denuncia con la que se inició la causa sostiene que la AFI, mientras buscaba material que había solicitado un juez, halló tres discos rígidos con los registros del espionaje ilegal a los familiares, a través de fotos, partes de inteligencia y la intrusión en redes sociales, principalmente en el primer semestre de 2018.
Caamaño explicó que las tareas ventiladas no se encontraban ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado.
Lo mismo sostuvo el juez Bava, que escribió: “La subdirectora Silvia Majdalani fue la funcionaria que se nutría periódicamente con los documentos ilegales producidos por la Delegación de Mar del Plata. De acuerdo con sus funciones específicas, fijaba los objetivos de inteligencia específicos y adoptaba las decisiones en base a la información recopilada por sus dependientes. Ambos, el Director y la Subdirectora, además, eran quienes determinaban los objetivos programáticos de las acciones de inteligencia llevadas adelante o coordinadas también por sus subordinados. A la luz de todo lo expuesto, queda claro que dentro de esos objetivos, estaba el de investigar a los familiares de los tripulantes submarino ARA San Juan”.
Caamaño sostuvo en su denuncia: “los informes, fechados entre enero y junio de 2018, muestran seguimientos sistemáticos y fotografías tomadas frente a la Base Naval de Mar del Plata o durante otras actividades realizadas, por ejemplo, en el Consejo Deliberante de esa ciudad o en el monumento al Gral. San Martín local, tanto de las columnas, como a referentes de los grupos de familiares”.
La acusación contra Macri
En su fallo, Bava define cuál es en concreto la imputación de la que deberá defenderse Macri en su indagatoria. Sostiene que desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018; Macri ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos.
El juez detalla que entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan. Y afirma: “Esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes”.