La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno de Sebastián Piñera, presidente de Chile, un permiso para visitar el país. En la misión, evaluará las garantías civiles en el marco de las protestas que sacuden a la nación.
Así lo anunció Esmeralda Arosemena, presidenta de la CIDH, quien preside el 174 período de sesiones inaugurado este viernes en Quito.
“Hemos hecho una invitación a Chile” para tener una visita de trabajo. Su objetivo será evaluar en terreno la situación de los derechos humanos en ese país.
Comentó que el próximo lunes, en el marco del 174 Período de Sesiones de la CIDH, se realizará una audiencia en la capital ecuatoriana. Hablarán sobre “la situación de los derechos humanos en el contexto de la protesta social” en ese país.
Enfatizó que la audiencia fue convocada para tratar el tema de Chile. Asimismo, explicó que en las audiencias intervendrán representantes de varios actores de la situación del país andino.
En la audiencia se presentarán las ponencias de Amnistía Internacional, la Federación de Estudiantes Universitarios de Chile y el Colegio de Abogados. Además de varias organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Expertos ONU
El pronunciamiento de la CIDH se produce enmarcado en que expertos en derechos fundamentales de la ONU condenaron el uso excesivo de la fuerza por parte de organismos de seguridad en Chile. Acciones tomanas en respuesta a las protestas en las que se registraron 20 y unos 1.600 heridos.
“La violencia nunca puede ser la respuesta a las demandas sociales y políticas de las personas” señalaron especialista es una declaración en Ginebra.
“El elevado número de heridos y la manera en la que se utilizan las armas no letales” podría ser un indicativo del excesivo uso de la fuerza. Abusando de los “requisitos de necesidad y proporcionalidad”, añadieron.
Rechazaron, también, los actos de violencia cometidos por particulares. Recordaron que el gobierno debe permitir que las protestas se lleven a cabo “aislando a los que recurren a la violencia”.
Indicaron que mantienen comunicación con las autoridades chilenas. Discutiendo “su voluntad expresa de perseguir y determinar las responsabilidades en casos de violaciones de los derechos humanos” particularmente cometidas por agentes del Estado.