La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó este miércoles medidas cautelares de protección a favor de los familiares del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien murió en cautiverio tras ser detenido.
La CIDH consideró que los parientes del militar fallecido “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
La muerte de Acosta Arévalo se confirmó el pasado 29 de junio por miembros del régimen de Nicolás Maduro. Ese hecho ocasionó la condena de distintos países.
En ese momento, Estados Unidos impuso sanciones a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, cuyos funcionarios detuvieron al capitán.
En un comunicado, el organismo advirtió que la familia y la esposa de Acosta Arévalo “están siendo objeto de intimidación y seguimientos por funcionarios estatales”.
“La Comisión solicitó al Estado venezolano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de la familia del señor Rafael Acosta Arévalo”, detalla la nota.
Supuesto plan de golpe de Estado
La gestión de Nicolás Maduro denunció el 26 de junio que supuestamente desbarató un plan de golpe de Estado que había sido planificado durante 14 meses. Acusó al presidente colombiano, Iván Duque, de ser promotor de esas acciones.
Un día después, Tarek William Saab anunció que el Ministerio Público abrió investigaciones contra 14 civiles y militares por su presunta vinculación con ese plan. Entre ellos figuraba Acosta Arévalo.
Otras medidas cautelares
La CIDH también concedió medidas cautelares en favor de los familiares de Tamara Suju, defensora de derechos humanos.
La organización indicó que estas personas se encuentran en riesgo, tras ser objeto de acosos y hostigamientos por parte del régimen.
“La Comisión tomó en consideración que la situación de riesgo de estas personas está conectada a la actuación internacional de Tamara Suju como defensora de derechos humanos y opositora política. En razón de lo anterior, su núcleo familiar ha sido blanco de allanamientos por lo menos cinco veces en un periodo inferior a un mes”.
Suju es directora ejecutiva del Instituto CASLA de Praga y reside como exiliada política en la República Checa desde 2014. Ha denunciado la situación de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos.
Además, CASLA presentó ante la Corte Penal Internacional varios expedientes con hasta 600 casos de torturas atribuidos a responsables de la gestión de Maduro.