Una crisis política sin precedentes en las últimas décadas estalló este lunes en Perú, después de que el presidente Martín Vizcarra disolviera constitucionalmente el Congreso y una facción de este en rebeldía votara su «suspensión» y jurara a la vicepresidente, Mercedes Aráoz.
La larga, tensa y convulsa jornada que vivió el país ha dejado un montón de heridas políticas abiertas por sanar. Además de una gran incertidumbre sobre qué va a pasar en el futuro inmediato, y pocas certezas sobre la situación legal.
Solo quedó clara y patente la alegría y la sensación de alivio que la gran mayoría de la población peruana expresó espontáneamente en las calles después de que el presidente anunció la disolución del Congreso.
¿Qué pasó en Perú?
Vizcarra disolvió el Congreso y convocó elecciones legislativas para el próximo 26 de enero aplicando una norma constitucional que le habilitaba a disolver la Cámara. Esto se basó en que el Legislativo le negó una moción de confianza con la cual esperaba que se produjeran cambios en la escogencia de los jueces del Alto Tribunal.
No osbtante, el Congreso pasó por alto la solicitud del Ejecutivo y eligió un magistrado para el Tribunal Constitucional. La designación se realizó en consonancia con los deseos de la oposición en la Cámara dominada por afectos a Keiko Fujimori y por los apristas, que venían pujando por controlar el Poder Judicial. Con este acto, los congresistas negaron en los hechos el pedido de confianza del presidente.
El Congreso, dominado por el fujimorismo y sus aliados de derecha y extrema derecha, respondió en rebeldía a la disolución anunciada por Vizcarra, y acusó al mandatario de violar la Constitución. Aseguran que disolvió indebidamente la Cámara.
Con la ausencia de casi cincuenta diputados que aceptaron la disolución, la facción restante votó una resolución para «suspender» por «incapacidad moral» a Vizcarra.
Nombraron en su lugar a la vicepresidente, Mercedes Aráoz, como «presidente en funciones».
¿Cómo se llegó a esta situación?
Esta crisis es el punto álgido de un conflicto abierto entre el gobierno y el Congreso desde las elecciones generales de 2016. Estas dejaron un Parlamento dominado con abrumadora mayoría por el partido fujimorista Fuerza Popular, y la Presidencia en manos de Pedro Pablo Kuczynski.
Fuerza Popular utilizó su poder en la Cámara para presionar al gobierno y para intentar «gobernar desde el Legislativo», lo que suscitó el rechazo de la población.
El escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht en el país terminó por costarle el cargo a Kuczynski. Además, llevó a la asunción de su vicepresidente, Vizcarra, quien encaró el cargo con la misión de enfrentar la corrupción que afecta gravemente a la nación.
Así, Vizcarra promovió una serie de reformas que lo enfrentaron con el Congreso, identificado como un organismo penetrado por la lacra de la corrupción.
Para solucionar el bloqueo político, Vizcarra propuso en julio un adelanto electoral para renovar tanto la Presidencia como el Congreso.
Esta propuesta, sin embargo fue archivada sin debate por la Comisión de Constitución del Parlamento, ampliamente dominada por los fujimoristas.
De forma simultánea, los congresistas opositores iniciaron un procedimiento exprés y poco transparente para renovar los magistrados del Tribunal Constitucional.
La cuestión de confianza que planteó Vizcarra y que se debatió este lunes era precisamente para evitar esa maniobra.
¿Qué puede pasar ahora?
La incertidumbre es muy marcada. Ninguna de las partes reconoce a la otra y todo parece indicar que terminará en las manos del Tribunal Constitucional.
Este poder tendrá que dilucidar, en último término, si Vizcarra hizo bien en interpretar como denegado el pedido de confianza dadas las acciones ejecutadas por el Congreso.
Mientras, no parece que haya interés en desalojar a los congresistas que permanecen en el Congreso. Tampoco hay sensación de inseguridad ciudadana, ni temor a una intervención militar.
Los medios de comunicación han actuado toda la jornada con total libertad y lo siguen haciendo; nadie ha sido detenido.
Vizcarra convocó ya elecciones para renovar el Congreso y anunció la fecha, tal como señala la Constitución peruana.