Los chilenos comenzaron a votar en los comicios de este sábado para elegir a las 155 personas que escribirán una nueva Constitución, un proceso histórico que acabará con la actual Carta Magna, originada en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La votación definirá el modelo de país para las próximas décadas.
La elección se realiza en paralelo a la de alcaldes, concejales y gobernadores regionales, conformando unos macrocomicios de un tamaño nunca antes visto. Los comicios se desarrollan entre esta jornada y la del domingo para tratar de evitar aglomeraciones de chilenos por la pandemia.
«Todas las elecciones son importantes, pero esta es especialmente importante. Va a marcar los caminos de nuestro país por las próximas décadas», dijo el presidente de Chile, Sebastián Piñera.
El mandatario fue una de las primeras autoridades en votar en un día electoral que transcurre sin mayores sobresaltos y en medio de los resguardos sanitarios a los que obliga la pandemia. El virus, como se sabe, comienza a remitir en el país al tiempo que avanza el proceso de vacunación, con casi 50% de la población objetivo (15 millones) inoculada con las dos dosis.
Aun en plena emergencia el Servicio Electoral espera que los constituyentes arrastren una participación al menos similar a la del plebiscito, por encima de 50%.
La elección de constituyentes
El principal centro de atención de las elecciones lo ocupa el proceso constituyente, que encuentra su origen en las protestas sociales de octubre de 2019. La revuelta popular se alargó durante meses y reclamó un modelo socioeconómico más justo.
La clase política logró canalizar el descontento de los chilenos en unos comicios sobre una nueva Constitución, realizado en octubre del año pasado. En ella, los ciudadanos decidieron por abrumadora mayoría desterrar los principios autoritarios y neoliberales de Pinochet. Propusieron, además, escribir un nuevo Texto Fundamental y que esta labor recaiga sobre ciudadanos elegidos para la ocasión.
Son 1.373 los candidatos que ser uno de los 155 integrantes de la convención, compuesta a partes iguales por hombres y mujeres, algo inédito . Del total de postulantes, 95 buscan hacerse con alguno de los 17 escaños que hay reservados para los pueblos indígenas.
Una nueva Constitución de consenso
La principal batalla está en lograr los escaños necesarios que permitan aprobar cada punto a incluir en la nueva Constitución. Esta necesitará el apoyo de dos tercios de los integrantes de la convención, mientras que con un tercio puede ser vetado.
Diferentes analistas consideran que la izquierda logrará esos dos tercios de los escaños y que la derecha se hará con un tercio. Esto obligará a que cada disposición del nuevo Texto Fundamental tenga que negociarse para su aprobación.
«Será muy difícil que se imponga una posición categórica porque habrá que negociar«, dijo a Efe el académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile Octavio Avendaño.
El exministro chileno Genaro Arriagada expresó que la garantía de los dos tercios es fundamental porque la Constitución es una ley de leyes que tiene que establecer garantías. De esta forma, la mayoría gobernará pero al precio de respetar de manera absoluta los derechos de la minoría.
Por su parte, la politóloga de la Universidad de Chile Claudia Heiss dijo a Efe que, como es muy probable que la derecha tenga más de un tercio y poder de veto, no va a haber un gran cambio revolucionario.
«Va a ser una Constitución mucho más neutra en términos de protección social. Yo creo que será más bien una Constitución minimalista», continuó.
Las elecciones municipales y regionales
En el ámbito municipal, se estima que los resultados serán diferentes a los de la anterior cita electoral, en 2016, cuando la derecha obtuvo 146 alcaldías por 143 de la oposición, debido a la eventual mayor participación que se espera este fin de semana y por el hecho de que algunos alcaldes no pueden acudir a la reelección.
La votación de gobernadores regionales se realiza por primera vez en la historia y es una incógnita, tanto que vendrá acompañada por la introducción de la figura del delegado del Gobierno, uno por cada región. El encargado será designado por el Ejecutivo, y a la fecha aún se tramitan en el Parlamento dos iniciativas de ley que abordan competencias y límites de cada cargo.