El Tribunal Supremo de España, que juzga a políticos catalanes por el proceso independentista de 2017, autorizó este martes a cinco de ellos, en prisión provisional y electos legisladores el 28 de abril, a asistir a la apertura del Parlamento, aunque denegó su petición de libertad.

«Esta Sala autoriza la salida del centro penitenciario de los cinco solicitantes, para que asistan a las respectivas sesiones constitutivas del Congreso de los Diputados y el Senado», señaló el Supremo en un comunicado. Una vez culminada la sesión prevista para el 21 de mayo, volverán a ser recluidos en prisión preventiva, informó el tribunal, que les denegó la petición de libertad provisional.

El Supremo rechazó suspender el juicio, como reclamaban las defensas de los cinco parlamentarios electos alegando que, según la ley española, el Congreso y el Senado deben autorizar a la justicia los procesos contra los parlamentarios. «No forma parte de las garantías propias del estatuto personal del diputado o el senador si su incorporación a las listas y su elección han tenido lugar cuando ya se había iniciado el juicio oral», argumentó el tribunal.

El ex vicepresidente del gobierno catalán Oriol Junqueras y otros cuatro antiguos miembros del último gobierno regional de Cataluña presidido por Carles Puigdemont, suspendido debido a la ilegal declaración de independencia de 2017, fueron elegidos el mes pasado para el Congreso (cuatro) y el Senado (uno) por los dos principales partidos independentistas de Cataluña: ERC (republicanos de izquierda) y JxCat, el partido de Puigdemont.

El Tribunal Supremo juzga desde el 12 de febrero pasado a doce procesados, incluidos estos cinco políticos, por delitos de rebelión, malversación de fondos públicos y desobediencia, acusados de promover y organizar un referéndum ilegal sobre la independencia de la región de Cataluña el 1 de octubre de 2017. Nueve están en prisión provisional, entre ellos los cinco parlamentarios electos.

El Supremo indicó hoy que los procesados en prisión provisional «deberán ser debidamente custodiados», y recordó que las respectivas cámaras deben adoptar las medidas oportunas para garantizar su seguridad en el interior. Afirmó, además, que una vez terminen las sesiones, «deberán ser reintegrados sin dilación al cetro penitenciario», lo que significa que deniega la enésima petición de libertad de los acusados. Esta es una situación sin precedentes en la historia reciente de España, pero los cuatro diputados y el senador electos, al no tener todavía una condena, mantienen sus derechos de ser elegidos.