El caso de las esterilizaciones forzadas cometidas en Perú durante el mandato del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) se encamina a su día clave, en el que se decidirá si se abre juicio o es archivado, tras casi tres meses de una audiencia maratónica.
El juez Rafael Martínez continuó este lunes sin revelar su fallo, algo que se reserva para emitir aparentemente el próximo sábado tras suspender por décima vez la audiencia, ante la incertidumbre de las víctimas, que llevan 25 años a la espera de Justicia.
La audiencia en la que se evalúan los 182 indicios presentados por la Fiscalía a lo largo de 16 años de investigación comenzó el 14 de septiembre y, con suerte, culminará el próximo sábado, según lo anticipado por el magistrado.
En la sesión celebrada este lunes, que tomó más de siete horas, el titular del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio de la Corte Superior Nacional consideró que en las esterilizaciones forzadas hubo responsabilidad de los altos funcionarios involucrados en el caso.
Según anticipó Martínez, los médicos y enfermeras a cargo de realizar las ligaduras de trompas se saltaron los protocolos y guías clínicas ante la obligación de cumplir las exigentes metas impuestas desde las altas direcciones, en una escala de mando que alcanzaría al mismo jefe de Estado, que estaba al tanto.
Derechos humanos violados
El magistrado reiteró que, fruto de estos hechos, se violaron derechos humanos en una estrategia de salud que causó por lo menos cinco muertes, que son las vinculadas en esta investigación, entre ellas la de Mamérita Mestanza, la cara más emblemática de este caso.
Están acusados como autores mediatos (con dominio del hecho) tanto Fujimori como sus exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, quien actualmente es congresista del partido fujimorista Fuerza Popular.
En caso de que se aceptara la acusación contra Fujimori, este no podría ser juzgado si la Justicia peruana no solicita a la Corte Suprema de Justicia de Chile la ampliación de los cargos de la extradición aprobada en 2005, después de que el exmandatario fuese detenido en el vecino país.
Fujimori, de 83 años, ya cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad como autor mediato del asesinato de 25 personas, entre ellas un niño de 8 años, en las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas a cargo del grupo militar encubierto Colina.
Según el fiscal a cargo del caso, Fujimori es el máximo responsable por impulsar las esterilizaciones como un método sistemático de reducción de la pobreza mediante la disminución de la tasa de natalidad.